Precarización y contradicción en la ciudad participativa

Diego Peris

*Imagen de Todo por la praxis.

Lo que hoy tiene de particular la incertidumbre es que existe sin la amenaza de un desastre histórico; y en cambio, está integrada en las prácticas cotidianas de un capitalismo vigoroso (…). La consigna «nada a largo plazo» desorienta la acción planificada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento.

Richard Sennett

Para hablar de la ciudad participada construiré un relato a partir de los múltiples estratos que han definido este modelo en la ciudad de Madrid. Me interesa hacer este relato para entender de donde venimos, cuales han sido las diferentes etapas, sus alcances y cuales son las acciones mas relevantes a las que habría que dar continuidad como base para una propuesta de futuro, principalmente desde sus sostenibilidades en el tiempo. Para esto planteo tres grandes estratos, primero uno que abarca desde 1994 al 2008, otro del 2008 al 2015, y un cuarto más pequeño pero muy significativo, del 2015 al 2019. Cada uno tiene un telón de fondo diferente, entre burbujas inmobiliarias, financieras y crisis eternamente recurrentes. Cada contexto aparece diferenciado con unas condiciones económicas y sociales cambiantes, con unos movimientos de base organizados, unas institucionalidades que han ido indagando nuevos modelos y un cambiante proceso en los movimientos colectivos.

A la primera capa la denominaremos capa de la burbuja, esta se sitúa en los años noventa donde España iba muy bien, o al menos eso nos decían. Tras la resaca de nuestra entrada triunfal a una modernidad de gomina y fosforescentes colores, llegaron estos noventas triunfalistas e hiper constructores. Son años de burbuja especulativa y el sector de la construcción está imparable, hay una exagerada sobreproducción del parque inmobiliario. El litoral es sobreexplotado, las costas se masifican, las hipotecas se regalan y las obras públicas de grandes presupuestos proliferan por todo el territorio nacional. Crecen como por generación espontánea museos, aeropuertos y grandes infraestructuras.

Durante toda la década de los 90 los precios de la vivienda se fueron disparando y disparatando. En el año 1999 el precio había subido ya en torno al 180%. Los sueldos ya no daban para pagar las hipotecas que se habían concedido casi sin condiciones. Todos nos acostumbramos a gastar más de la mitad del sueldo en la vivienda. La compra de la vivienda se convirtió en el objetivo básico y el máximo tormento para toda la clase media. La burbuja en la que habitábamos era el compendio del cambio legislativo que ya vimos y de la escasez de vivienda en alquiler: solo un 15%, mientras que en Europa es del 39%. Además, se suman las infinitas viviendas vacías que surgieron de la otra cara de la misma burbuja, la especulativa. Una mercancía de plusvalía segura. La política fiscal favoreció la compra y no el alquiler. Todos estos factores generaron un contexto óptimo para que floreciera la corrupción urbanística y la especulación. Para unos, muy poquitos, España iba pero que muy muy bien.

En el gremio de arquitectos apenas existían voces críticas ante la obvia situación. Los colegios de arquitectos, las escuelas de arquitectura y los foros profesionales no prestaban ninguna atención ni dedicaban espacio alguno para debatir sobre el modelo de urbanismo triunfante y mucho menos sobre sus consecuencias. La negación de la realidad y la activa participación en el saqueo especulativo ha marcado a este gremio. Sin embargo cierto posicionamiento crítico empezó a surgir tímidamente en algunos honrosos casos y, poco a poco, aparecerán los primeros colectivos que plantean una respuesta alternativa y con vocación transformadora frente a los modos de hacer impuestos por el mercado.

Los contextos de los centros sociales autogestionados2, en la ciudad de Madrid, son los que llevan la vanguardia en cuanto a contestación del estado del país e invención de nuevas redes urbanas y modos de cambiar las cosas. Comenzando en el Centro Social Autogestionado Minuesa 903, en la Ronda de Toledo, y siguiendo con todas las fases de los Labos, entre los años 1997 y 2005. En total fueron cinco: El Laboratorio 1 (1997-1998); El Laboratorio 2 (1999-2001); El Laboratorio 3 (2002-2003); El Laboratorio de Olivar (2003); El Laboratorio en el exilio4. Con estas iniciativas ciudadanas, en Madrid se irá formando un gran colectivo variable de gente diversa dispuesta a transformar los modos de organizar las ciudades. Gente que hizo ciudad y definió otro urbanismo.

Podemos hablar de una etapa en la que los colectivos basan y desarrollan su práctica y sus iniciativas desde las prácticas colaborativas, la autogestión y autonomía. Plantean su acción desde el trabazón social y el compromiso político, y centran su marco de trabajo en los procesos de transformación de la ciudad desde la iniciativas de gestión ciudadana. La organización colectiva en las prácticas artísticas tiene una larga tradición, sin embargo en esta etapa encontramos prácticas comunes que plantean un posicionamiento crítico con un claro giro social. Estos procesos han consolidad un rico tejido de espacios independientes que, si bien no permanece en el tiempo, los proyectos llevados a cabo y las comunidades que los sustentan siguen manteniendo un claro discurso crítico.

En un segundo estrato, que denominaremos capa del 15M, nos ubicamos en plena crisis internacional y con las plazas llenas de personas. Existe una apertura de este movimiento que crece de manera exponencial con el despertar ciudadano. Este período de crisis generó una fractura social que hasta la fecha no se había vivido en democracia en el estado español. La caída del mercado de la vivienda y la crisis financiera global formaron un escenario donde el 20% de la población quedó desempleada. Esto provocó un claro des contento social que se acentuó cuando se realizó un rescate a las entidades bancarias desviando los fondos públicos a intereses privados. Los gurús económicos apuntalaron tal dislate bajo la aseveración de que el rescate era imprescindible para la recuperación económica y la activación del mercado de trabajo. De hecho, amenazaban con la sobrevenida de un colapso total del sistema si este rescate no se producía. Los malos augurios, pese a todo, en cierta medida se cumplieron. El rescate provocó simplemente el saneamiento de las cuentas de las entidades que bloquearon los créditos para empresas, pero el impacto fue nulo en el mercado laboral.

Esta situación alimentó el descontento y provocó las tomas y acampadas, surgiendo el denominado movimiento 15M5. La ciudadanía despertó de un letargo en el que se había instalado en los largos años de burbuja inmobiliaria y comenzó a movilizarse. De las acampadas iniciales se pasaron a la toma de la plazas, posteriormente aparecieron las mareas ciudadanas con diferentes ejes temáticos. Distintos modos de mostrar un sentir común, un descontento e indignación generalizados. Una deuda ilegítima, unas brutales políticas de ajuste, corrupción galopante, instituciones deslegitimadas, un desempleo siempre creciente, el ataque a la Sanidad y Educación públicas, a los derechos laborales y sociales, al medio ambiente, “nos ha hecho confluir en las calles, en las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, grana, amarilla, negra, azul, violeta… defendiendo nuestros derechos” .

Y rematan:

una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados, y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las élites financieras

De las diferentes mareas destacamos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o PAH, asociación y movimiento social por el derecho a la vivienda digna surgido en febrero de 2009. Además de apuntar de lleno a la raíz de la problemática estructural de la crisis, su importancia reside en señalar una cuestión novedosa: la de colectivizar los problemas que hasta este momento se han atomizado desde las superestructuras. Este condición sitúa a este movimiento como actor fundamental en el posicionamiento antagonista frente a los modelos de hacer ciudades neoliberales.

Después del 15m se consolida un movimiento de colectivos interesados en prácticas colectivas y colaborativas. A partir del 2011 aparece un interés en nuevos espacios de gestión ciudadana. Los centros sociales de segunda generación tienen una mayor implicación con el barrio. Las plazas y los jardines comunitarios empiezan a aparecer en la ciudad. Los casos más señalados serán Esta es una plaza, Campo de cebada y El CSA La Tabacalera. Muchos de estos procesos empiezan de manera informal mediante reivindicaciones sociales que deciden, o bien seguir en cierta ilegalidad comprometida o bien negociar con las instituciones para encontrar vías legales de concesiones o autorizaciones en un marco legislativo que no siempre existe. Posteriormente los negociadores suelen encontrar una normalización mediante convenios de cesión nada protocolizados y siempre excepcionales. Estos espacios se convierten en verdaderos laboratorios ciudadanos, lugares de prueba, error y grandes procesos de experimentación donde existía una creciente participación ciudadana más transversalizada. Han servido de ejemplo a muchos profesionales al encontrar vías posibles de acción colectiva.

En un primer momento y de manera fugaz, esta posibilidad desembocó en un crecimiento de masa crítica, que pese a las promesas, pronto se vació de su sentido más comprometido y pasó a generar una estetización de las prácticas que siguieron llamándose colaborativas, pese a haber perdido el vínculo real con un contexto en conflicto. Se desactivaron. La sostenibilidad de estas prácticas empezó a tener una dependencia de programas públicos por lo que, a pesar de incrementarse muchos proyectos y colectivos durante este período, muchos de ellos desaparecieron o se transformaron en espacios profesionales convencionales. Nuevamente, es en el movimiento de afectados por la hipoteca donde encontramos un claro referente de sostenibilidad y de comunidad a partir de un proceso que hace referencia permanente a la autoorganización y la colectivización de las reivindicaciones.

El tercer y último estrato lo denominamos capa del municipalismo , donde se institucionalizan las prácticas colaborativas en torno al construir ciudad. Las reivindicaciones ciudadanas son incorporadas a programas y políticas públicas en el marco de un concepto de público social, con la cesión de espacios para gestión ciudadana, el programa de huertos urbanos y las intervenciones urbanas financiadas por instituciones. Muchas reivindicaciones ciudadanas son anuladas al pasar por el filtro de la institución. Muchas prácticas reivindicativas y prácticas ciudadanas de base se dulcifican y son vehiculadas a programas encorsetados por la normativa municipal. Las instituciones refuerzan sus programas tanto en contenidos como en lo presupuestario, y extienden sus políticas a los barrios mediante intervenciones pop-up participativas.

Este momento supuso una polarización de los agentes y de los movimientos de base. Unos se han perpetuado en su espacio natural de antagonismo reivindicando otro modelo de ciudad que posibilite el derecho a la ciudad, y otros se han amoldado a la institucionalización de lo colaborativo. Esta nueva condición es sintomática de la creciente despolitización, y es quizás también la manifestación de que este sector una vez más no está a la altura de los acontecimientos. El arribismo rampante es la generalidad que forma parte de la comparsa de los pseudo procesos participativos, los que proliferan a la par que los post-it de colores. Los profesionales una vez más se desligan de la realidad social, aunque aún quedan algunos espacios colectivos que trabajan propuestas de calado y gran interés, pero su falta de estructura como masa crítica hace que se diluyan frente a la gran maquinaria del otro lado.

En paralelo, el modelo neoliberal continuaba avanzando a sus anchas y la ciudad de Madrid se ve golpeada por el nuevo fenómeno mundial de turistificación 6. El modelo airbnb tiene en muy poco tiempo un impacto brutal en la ciudad alterando de nuevo el mercado de la vivienda. En muchos barrios la presencia de estos operadores ha supuesto un impacto importante y muy veloz, ocupando un 20% del parque inmobiliario en unos pocos años. Este fenómeno que apuntala una gentrificación express, está suponiendo la expulsión masiva en muchos de los barrios centrales de la ciudad.

El turismo en masa fue modificando a gran velocidad la vida en Madrid. Una suerte de ciudad escaparate que conlleva la subida del precio de la vivienda en todos los distritos, la expulsión de las vecinas y vecinos, la pérdida, e imposibilidad de regeneración de vínculos y redes vecinales. Este modelo turístico se fue construyendo sobre una creciente precariedad laboral en el sector, en torno a una nueva burbuja inmobiliaria y sin tener en cuenta a las vecinas y vecinos que habitábamos y dábamos sentido a la ciudad. El centro fue el epicentro, pero la onda expansiva ha ido afectando a toda la urbe. Barrios periféricos están en el punto de mira de los grandes especuladores, la subida de precios se contagia y gran parte de la población se ve obligada a desplazarse, encareciendo los precios y haciendo que toda la ciudad se transforme. Esto hasta la llegada de la crisis socio sanitaria que abre otros problemas, evidencia otras precarizaciones y oculta muchas de esta dinámica bajo la comunicación masiva respecto a la pandemia. En estos momentos confusos existe un sentimiento de frustración y pérdida de lo que pudo ser. La autocrítica colectiva tiene una tarea amplia para hacer una revisión de este proceso, cómo el despertar colectivo se ha transformado en un nuevo letargo, por qué se han desactivado y desarticulado algunos movimientos claves en los procesos de transformación de ciudad, y cuáles son las consecuencias, sobre todo respecto a la coyuntura actual. Esta deriva ha propiciado la puesta en crisis de las prácticas colaborativas asociadas a ello y requiere una reformulación que está pendiente de resolver en un nuevo espacio social y político. Probablemente se requieran nuevas herramientas que hasta el momento no existen y es necesario alimentar un pensamiento crítico más necesario que nunca en los tiempos que corren, para repensar la ciudad, el espacio público y la participación en este nuevo contexto.

Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Son defensores de derechos culturales y quizá no lo sepan

Beatriz Barreiro Carril

*Imagen de ResiliArt, movimiento lanzado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para dar visibilidad a los desafíos que enfrentan creadores, artistas y profesionales creativos la crisis sanitaria.

Concienciando sobre el concepto y el marco internacional de protección de los derechos culturales y sus posibilidades de contribuir al desarrollo

“Los defensores de los derechos humanos se definen por lo que hacen.”

Con estas palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Karima Bennaoune, me gustaría concienciar a muchas personas; artistas, gestores o investigadores y académicos en El Salvador, pero también fuera de él, de que son defensores de derechos culturales. Siendo así, su quehacer estará protegido por todo un entramado de normas y mecanismos nacionales, pero también internacionales, como veremos en un momento. 

Como nos muestra Bennoune,

“los defensores pueden ser de cualquier sexo o edad, estar en cualquier parte del mundo y tener cualquier formación u ocupación. Los defensores de los derechos humanos no solo se encuentran en las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; en algunos casos, pueden ser cargos del Gobierno, funcionarios públicos o empleados del sector privado. Las propias instituciones culturales pueden ser también defensoras de los derechos culturales. Entre los defensores de los derechos culturales hay expertos, activistas y personas corrientes que actúan en defensa de esos derechos”

(Bennoune, K., 2020 a).

Huyendo de una concepción ya trasnochada de cultura, que la reducía a las llamadas “bellas artes y letras”, desde una visión elitista, a la que entiendo se refería Willian Carballo en la conversación que precede a estos textos de este volumen 2 de Intersecciones, Bennoune continúa señalando que “si bien hoy en día el respeto por los conocimientos especializados es esencial, también es importante evitar el elitismo a la hora de definir la labor cultural y reconocer las contribuciones más amplias a la defensa de los derechos culturales.” (Bennoune, K., 2020 a) Qué duda cabe, por tanto, que muchos artistas y trabajadores del sector cultural que han participado estos días en este curso, como Candy Chávez, con su mayúsculo trabajo para el empoderamiento a través de la cultura de mujeres privadas de libertad, son defensores de los derechos culturales. 

Pero quizá nos estaremos preguntando, ¿cuán relevante es este calificativo en la práctica? ¿de qué nos sirve encajar nuestro quehacer dentro de la categoría de los derechos culturales? ¿en qué puede contribuir esto al desarrollo? y ¿cómo puede hacerlo, de forma más concreta, en tiempos de pandemia? Yo señalaría aquí que nos sirve por lo menos para cuatro cosas fundamentales:

  1. Ser conscientes de nuestros derechos como ciudadanos/as, artistas o profesionales de la cultura.
  2. Poder reivindicar tales derechos ante instancias nacionales e internacionales.
  3. Poner en valor que, al realizar nuestros proyectos, estaríamos contribuyendo a la realización de las políticas públicas que le corresponden al Estado, y también así, a su vez, “ayudándole” al cumplimiento de sus obligaciones a nivel nacional e internacional, nivel este último en el que me detendré en un momento.
  4. Al poder vincular los derechos culturales con el desarrollo podremos concurrir a convocatorias existentes en el marco de los derechos humanos (de los cuales los derechos culturales forman parte) más allá de las convocatorias relativas a gestión cultural, cooperación al desarrollo y otras del tipo.

Y es que, en relación con esta última cuestión –la cuestión del vínculo entre los derechos culturales y el desarrollo– la propia Bennoune señaló el pasado verano, que 

“toda persona tiene derecho a participar y a ser consultada sobre las políticas para garantizar estos derechos. Todo esto sigue siendo cierto. Incluso en estos tiempos difíciles, en los que más de medio millón de personas han muerto a causa del virus, los derechos culturales no son un lujo. Son fundamentales para la aplicación general de los derechos humanos universales y una parte crucial de las respuestas a muchos de los desafíos actuales, desde la discriminación y la pobreza hasta el propio COVID-19. Además, la salvaguardia y la promoción de la cultura contribuyen directamente a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible: ciudades seguras y sostenibles, promoción de la igualdad de género y sociedades pacíficas e inclusivas.”

(Bennoune,  K., 2020 b)

Bennoune alertaba:

“A corto plazo, debemos trabajar con urgencia para garantizar el apoyo financiero a los artistas, los profesionales de la cultura y las instituciones culturales”.

(Bennoune,  K., 2020 b)

Pero, entremos en detalles: ¿qué son, exactamente, los derechos culturales? Lo primero, que hay que poner de manifiesto y recordar, aunque parezca claro, es que los derechos culturales son derechos humanos. Los derechos humanos, a diferencia de otros derechos subjetivos, protegen la dignidad más básica del ser humano. Ciertamente, la “dignidad humana” es un concepto difícil de definir. A veces puede resultar más útil, para realizar una aproximación intuitiva al concepto de “dignidad humana” pensar en situaciones en que consideramos que ésta pueda estar violada o amenazada.  Esto vale también para los derechos culturales. Otras nociones a las que se recurre para definir los derechos humanos son las nociones de “necesidades básicas” o de “desarrollo humano”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en  1948) contiene un catálogo de derechos humanos “completo”: incluye derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La pugna ideológica de la Guerra Fría hizo que en 1966 este catálogo tuviese que dividirse en dos pactos diferentes:  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 15.1.a) de este último Pacto recoge el derecho humano cultural por excelencia, señalando que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a  participar en la vida cultural.” (DPVC)

Pero, ¿cómo podemos saber qué significa en concreto el DPVC? El Comité DESC de las Naciones Unidas, formado por un grupo de expertos independientes que controla si y cómo los Estados cumplen con las obligaciones del Pacto, emite “observaciones generales,” esto es, textos que contienen  la interpretación autorizada de cada derecho que el Pacto contiene. En 2009, tras un largo proceso –pues el DPVC ha sido uno de los derechos que más problemas conceptuales planteaba para los Estados al ser el término de cultura tan complejo – el Comité emite la Observación General (OG) 21 sobre el DPVC. ¿Qué ejemplos menciona la OG de obligaciones estatales que derivan del DPVC? El Comité señala que el DVCP supone:

“por lo menos, la obligación de crear y promover un entorno en el que toda persona, individualmente, en asociación con otros o dentro de una comunidad o grupo, pueda participar en la cultura de su elección, lo cual incluye las siguientes obligaciones básicas de aplicación inmediata:

Tomar medidas legislativas y cualesquiera otras que fueren necesarias para garantizar la no discriminación y la igualdad entre los géneros en el disfrute del derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

b .Respetar el derecho de toda persona a identificarse o no con una o varias comunidades y el derecho a cambiar de idea. 

c. Respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que supone el respeto de los derechos humanos, lo que implica, en particular, respetar la libertad de pensamiento, creencia y religión; la libertad de opinión y expresión; la libertad de emplear la lengua de su preferencia; la libertad de asociación y reunión pacífica; y la libertad de escoger y establecer instituciones educativas. 

d. Eliminar las barreras u obstáculos que inhiben o limitan el acceso de la persona a su propia cultura o a otras culturas, sin discriminación y sin consideración de fronteras de ningún tipo.

e. Permitir y promover la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y aplicación de las leyes y las políticas que les conciernan…” (Comité DESC, 2009)

Así, por ejemplo, la igualdad de género en el ejercicio del DPVC, a la que hacía referencia Lázaro Rodríguez Oliva en este encuentro, o la toma en cuenta de la opinión de una comunidad en relación con las decisiones que sobre su hábitat cultural se van a tomar, son cuestiones que siempre se tienen que respetar, pues forman parte del contenido esencial del DPVC.

El Comité DESC ha abordado la cuestión del DPVC en relación con la pandemia, sin referirse en concreto al mismo pero enmarcándolo en el marco más amplio de los DESC. Las orientaciones que da pueden ser en todo caso muy útiles en relación con el DPVC de forma específica:

las limitaciones a los derechos deben ser “razonables y proporcionadas”. “Las medidas de emergencia y las facultades asumidas por los Estados parte para hacer frente a la pandemia no deben usarse indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias para proteger la salud pública.” (Comité DESC, 2020)

-“los Estados deben tomar medidas de protección social que alcancen a aquéllos que están en mayor riesgo de ser afectados por la crisis”. El Comité hace un llamado a “la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales… Dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido unos efectos desproporcionadamente negativos en los grupos más marginados, los Estados han de hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir la COVID-19 de la manera más equitativa posible, con objeto de evitar que se imponga una carga económica adicional a esos grupos marginados. Se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos en la asignación de recursos.” (Comité DESC, 2020)

Ahora ya tenemos algunas claves del contenido del DPVC y de las obligaciones que conlleva, pero ¿cómo podemos hacer valer el DPVC en la esfera internacional? Señalaría dos mecanismos importantes a los efectos de este encuentro:

Informes periódicos (cada cinco años, normalmente) al Comité DESC: En el contexto del examen de los informes que los Estados envían al Comité, éste permite también la recepción de informes paralelos o informes sombra efectuados por la sociedad civil y que ofrecen una visión crítica de la implementación –o incluso de la falta de implementación–  de los derechos establecidos en el PIDESC. De esta forma, en el marco de la presentación del próximo informe de El Salvador al Comité DESC la sociedad civil interesada en los derechos culturales podría enviar información al Comité, de forma que éste tenga información relevante de cara a solicitar información al Estado y se pueda permitir una adecuada rendición de cuentas.

Recepción de quejas o comunicaciones por parte de individuos o grupos de individuos. Se le llama mecanismo “cuasi-judicial” pues es muy parecido a lo que sucede ante un tribunal:  un individuo comunica una violación que ha tenido lugar en un caso específico y concreto. Observemos que de esta forma el Comité tiene muchos más datos para examinar la conducta del Estado respecto a los DESC que en relación con el estudio de los informes periódicos, a través del cual sólo puede examinar la conducta de los Estados en términos más generales. El Salvador es de los pocos Estados que es parte del Protocolo Facultativo al PIDESC, por lo tanto, el Comité puede conocer de este tipo de comunicaciones individuales, tras agotar los individuos los recursos internos salvadoreños. Al hilo de la conversación con los participantes en el curso del que surge este escrito he planteado que una eventual violación que podría tener recorrido exitoso ante el Comité podría ser aquella en que se pudiese probar la falta de toma en consideración de las opiniones manifestadas por una comunidad cultural que pueda verse separada del entorno cultural esencial para el desarrollo de su vida cultural, habiendo sido la petición del tal participación solicitada al Estado por la comunidad en cuestión.

Me gustaría hacer una reflexión para finalizar en relación con la relación de los derechos culturales con la Agenda 2030. Nos puede ser útil la referencia y aclaración que la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacía en su día respecto a ciertos “mitos y malentendidos” en relación con los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio  y en concreto en referencia a la idea de si “alcanzar los ODM es lo mismo que realizar los DESC.” A esta cuestión el Alto Comisionado  aclaraba que:

“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las normas de derechos humanos se complementan entre sí en gran medida, pero los derechos humanos van más allá. La naturaleza del compromiso asumido por los Estados es diferente. Los derechos humanos, incluidos los DESC, son compromisos jurídicamente vinculantes, mientras que los ODM son compromisos políticos.

Lo mismo, diría yo, le sucede a la Agenda 2030, un instrumento muy importante, pero que debe ser complementado con los avances que se están dando en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, de valor jurídico muy relevante, como comentaba hace unos días el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente en el marco de la presentación del informe de la Relatora de Derechos Culturales sobre “cambio climático y derechos culturales”. Confío en que los actores culturales salvadoreños se apropien de los documentos y mecanismos del derecho internacional de los derechos humanos en favor de su ejercicio del DPVC. 

En el caso de beatriz el texto forma parte de la mesa DERECHOS CULTURALES, DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA realizada el Jueves 22 de octubre en el marco del seminario Intersecciones Vol. 2. Repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo en tiempos de pandemia

Seguir insistiendo sobre la vida digna: Sostenibilidad de una ciudad participativa

Santiago Eraso

Además de los propios cuerpos que habitamos (soma) y las subjetividades que nos atraviesan–Paul B. Preciado llama somateca a ese archivo biopolítico que nos determina en términos de clase, raza, diferencia de género o sexual – si hay un lugar (topos) donde la cultura también se constituye en elemento vertebrador de nuestra evolución y del desarrollo del tiempo histórico y su materialidad, ese es la ciudad. Sin ir más lejos, ahora mismo os hablo desde un pueblo de la costa malagueña, paradigma del turismo universal. Como sabréis Málaga, en términos relativos  a su dimensión, probablemente es la ciudad del mundo con más museos pensados casi exclusivamente para ser visitados solamente por turismos. Es evidente que esa identidad urbana predetermina los modos y las maneras de vivir de todos sus habitantes.  

Desde las míticas ágoras griegas o precolombinas hasta las actuales megalópolis africanas, pasando por las primeras ciudades medievales europeas y las coloniales hasta llegar a las industriales y las financieras, todas ellas son el espejo del régimen económico, la estructura social y las formas de vida que las han ido determinado. En su arqueología podemos descubrir las huellas de la democracia y su otra cara, las autocracias y  totalitarismos, el origen del comercio y su colofón el capitalismo, las luchas contra la acumulación de bienes comunales o contra la segregación de las mujeres, la historia de la expansión colonial junto al genocidio indígena, el esclavismo o el racismo, las políticas extractivistas de la naturaleza, pero también el surgimiento de las naciones modernas y el constitucionalismo, los procesos de liberación anticolonial, el sindicalismo, las luchas obreras y los movimientos ecologistas, los desobediencia civil, feministas, frentes de liberación de homosexuales y lesbianas y trans, en fin, la larga historia de los derechos humanos por la libertad, la igualdad y la fraternidad, construida con discontinuidades felices y trágicas. 

Todas esas luchas, siempre encarnadas en cuerpos que se van haciendo cargo de sus trozos de mundo y de sus vidas compartidas, han ido reconfigurando el derecho a habitar la tierra y sus ciudades mediante diferentes formas de presión globales, con cierto rasgos y objetivos comunes, pero también específicos con acciones siempre localizadas en experiencias situadas de todo el mundo. Ahora mismo, mientras hablo, recuerdo cuando, hace dos años, asistí en Media Lab Prado de Madrid al debate titulado Derecho a la ciudad/Derecho a otros imaginarios de lo urbano coordinado también por Grigri Project, en el que se remarcó la importancia de actuar localmente, a la vez que se activaban redes internacionales de cooperación. Entonces pudimos comprobar, a través de varios casos de estudio, la potencia de intervenir en contextos específicos, pero compartiendo preocupaciones comunes que nos afectan a todos. El día que asistí, escuchamos las experiencias de Ibrahima Wane de Dakar (Senegal), Monza Kane Limam de Nouakchott (Mauritania) e Itziar González de Barcelona (empeñada entonces y ahora, con dificultades, , en sacar adelante el plan de “rescate” de Las Ramblas, precisamente uno de los mejores ejemplos donde hemos podido comprobar, a lo largo de todos estos año, como la ciudad se ha convertido, a través del turismo y otras muchas formas de urbanismo especulativo, en otra materia prima de extracción de bienes públicos y acumulación por expropiación). En aquel encuentro, se volvió a constatar que, salvando las distancias y atendiendo a especificidades concretas, las ciudades son el espejo fiel del modelo global económico capitalista que gobierna el mundo y, en consecuencia, concluimos en que, para responder desde otros parámetros políticos y socioeconómicos deberíamos pensar y actuar teniendo muy presente que la vida de las personas de todas esas ciudades es también interdependiente y nos concierne a todos. De hecho una parte, cada vez mayor, vive y trabaja ya a nuestro lado, y su función política, su salud social y la sostenibilidad de sus vidas es responsabilidad mutua. No había más que escuchar hace unos días en estos mismos conversatorios a Ana Longoni, Directora de Actividades Públicas y el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía de Madrid, cuando nos describió algunas de las iniciativas desarrollas por la plataforma Museo situado con las comunidades populares de Lavapiés, el barrio donde se inscribe el museo, y que, a través de su colectividades migrantes, asiáticas, africanas y latinoamericanas, refleja de forma ejemplar las paradojas y contradicciones, intersticios, potencias y vacíos, de las ciudades, a través de los cuales el arte y la cultura pueden convertirse también en elementos simbólicos y expresivos que acompañan los largos procesos de la transformación social. Parafraseando a Jacques Rancière en El reparto de lo sensible. Estética y política, cuando nos dice que el arte debe dar cuenta de la parte sin parte, mediante la capacidad de incorporar a aquellos sectores anónimos haciendo visible el poder de sus ficciones, metáforas, historias y formas artísticas que interrumpen la realidad y redefinen el mapa de lo posible.  

Ahora bien, más allá de las buenas palabras, tal y como mencionaba el antropólogo y geógrafo Neil Smith, podríamos preguntarnos si, tal como humanamente nos conducimos en el planeta, ¿son posibles ciudades democráticas después del neoliberalismo globalizado? Porque ningún análisis prospectivo sobre la situación actual y el futuro de las ciudades debiera desligarse del sistema económico, las estructuras sociales y las relaciones interpersonales en las que, queramos o no, estamos inscritos; del mismo modo, que no podemos obviar cómo han actuado y qué responsabilidades tienen los estados y sus administraciones en la configuración de nuestras ciudades; en demasiadas ocasiones al servicio de las políticas más neoliberales.   

En aquella breve conversación, Itziar González me hablaba de las graves dificultades burocráticas y desidias políticas a las que su equipo multidisciplinar tenía que enfrentarse para intentar sacar adelante las reformas urbanísticas propuestas, y compartía conmigo la frustración que le generaba la lentitud de la toma de decisiones en las instancias políticas responsables. Sin embargo, a pesar de todo –continuó- «seguimos luchando con la colaboración de las comunidades de vecinos, sobre todo las más implicadas y los mas activos, el equipo intentaba avanzar sin caer presa del desánimo y la derrota definitiva».  

Para los que hemos trabajado siempre como servidores públicos en proyectos de la administración pública, convivir con la decepción ha sido el pan nuestro de cada día, pero tanto Itziar como yo coincidíamos en que, a pesar de las dificultades y fracasos, nunca había que dejar de intentarlo, porque con la presión popular, las potencias críticas y también el juego de poderes de la política, se podía avanzar en las reformas necesarias, aunque fuera más lentamente de lo necesario.

A pesar de la impotencia, el resultado final de una buena gestión, aunque sea lenta, depende en gran medida de la potencia que se desarrolla fuera de los aparatos del estado. Como subraya Miguel Benasayag en Política y situación. De la potencia al contrapoder un gestor administra (mejor o peor) la potencia; un rebelde la despliega, crea y lucha. Es decir, parafraseando a Amador Fernández Savater, se trataría de estar atentos a las potencias que crecen en la sociedad para no caer abatido por la melancolía del paradigma del gobierno que nunca termina de satisfacer. Rita Segato insiste en actuar desde lo que ella denomina el proyecto de los vínculos, que a su vez retoma el concepto movimiento de la sociedad de Aníbal Quijano

En aquella conversación me vino a la memoria la ciudad por proyectos, la consigna que Luc Boltanski y Eve Chiapello enunciaran en el año 2002 en su célebre El nuevo espíritu del capitalismo, donde se afirmaba que no había posibilidad del derecho a la ciudad sin tener en cuenta, en primer lugar y sobre todo – decían- la existencia de una crítica institucional tenaz e inventiva generada en  los movimientos sociales, que serían el embrión para ejercer una presión constante sobre los representantes políticos y sobre los funcionarios de alto nivel. Porque la condición de cualquier acción reformista depende también de la participación de funcionarios, políticos y gestores empresariales, lo suficientemente autónomos como para abrirse a cierto sentido común de la justicia y concluían diciendo que todos estos distintos actores son susceptibles de desempeñar un papel impulsor en la experimentación de nuevos dispositivos, de apoyar reformas y de poner su pragmatismo y su conocimiento al servicio del bien común.  

Reconozco que, según van pasando los años, ante la frustración que produce la poco capacidad que tienen los estados y los organismos internacionales para asumir reformas, cada día creo más en el principio de subsidiaridad que en su definición más amplia, dispone que un asunto podría ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema que se quiera resolver. Aunque su origen se inscribe en la teoría social católica que pone en el centro a la familia, también es una de las características del federalismo, la base organizativa del anarquismo, basado en la libre unión de las personas, comunidades o regiones, respetando el derecho a la diversidad.

De ahí mi cercanía con las políticas municipalistas o con las micropolíticas que tienen que ver con las acciones vecinales, las comunidades implicadas en las gestión de los barrios, la multitud de pequeñas y medianas experiencias que están ligadas a la construcción de dinámicas políticas y sociales de autodeterminación; incluso “contrapoderes” que, en cierta manera, escapan de procesos de captura estatal, siempre complicados porque, como ya he repetido, a veces deben hacerse con la complicidad de una parte de esas estructuras institucionales. En fin, plataformas de iniciativas ciudadanas de todo tipo, redes digitales de comunicación crítica, de participación, seguimiento y control de las instituciones, presupuestos participativos o nuevos planteamientos de revisión del sistema de representación tradicional como el “sorteo”, que ya ha tenido algunas aplicaciones locales e internacionales. 

Los movimientos sociales siempre han sido un permanente intento de reinvención institucional. No se reducen a pedir cosas, sino que son también instancias creadoras de nueva realidad, dice Alain Badiou en El despertar de la historia. Se podrían enumerar numerosas redes cooperativas de la economía social de cercanía (con nosotros está en este encuentro Diego Peris que es miembro activo del Proyecto Mares de economía social) que se piensan desde la producción y  distribución de bienes ecológicamente eficientes, que prevalece y produce contra la economía especulativa o contra la acumulación de beneficios mediante la explotación de consumidor*s y productor*s. También formas de organización que reactivan el sindicalismo, transformándolo de sus actuales derivas ensimismadas o corporativistas: el sindicato de inquilinas e inquilinos por el derecho a la vivienda digna y la modificación de la ley de arrendamiento, herederas de la PAH Plataformas de Afectados por la Hipotecas o de V de Vivienda, las mareas por los derechos de salud y educación públicas, el sindicato limpiadoras de hotel, denominadas las Kelly, el sindicato de Manteros y Lateros, que denuncia el racismo y la violencia institucional, la persecución del colectivo migrante y reclama la legalización de la venta ambulante; en fin, las organizaciones de precarios; respuestas colectivas en defensa de los espacios públicos y comunes y por el derecho a la ciudad para todos y todas: los centros sociales o los huertos urbanos y otro tipo de organizaciones como las librerías y editoriales independientes, asociaciones culturales y de artistas, pequeñas empresas dedicadas a la producción y distribución de comercio justo, cooperativas ecológicas de agricultores y de alimentación o de cuidados etc.. sólo por citar las más conocidas. Una extensa  red de experiencias, muchas veces silenciosas, a veces informales, que conforman un entramado de intersticios económicos y sociales por donde fluye la potencia afectica de otra posible ciudad.  

Todas estas iniciativas y proyectos tienen en común ser un motor de cambio social en el corazón de la ciudad y sus barrios. Su objetivo es conseguir mayores cotas de agencia y auto-gobierno en la definición y defensa de los derechos de quienes la habitan, de modo que la ciudad sea un bien común de todas y para todas. A veces, alineadas con programas municipales que también buscan el empoderamiento de la ciudadanía; otras, en antagonismo directo con la administración, este tipo de iniciativas nos dan pistas sobre algunos de los retos que plantea la defensa del derecho a la ciudad, sobre qué significa el derecho a la ciudad y qué condiciones deberían darse para lograr este derecho. 

Sin  ninguna duda, la actual crisis, derivada de la pandemia producida por la Covid19, sitúa de nuevo en el centro de nuestras vidas la oportunidad de activar otras políticas ecológicas, feministas y fraternales, que nos conduzcan a una transición económica mucha más justa con los desposeídos y desposeídos de la tierra. Algo parecido ocurrió durante la crisis financiero-inmobiliaria de principios de siglo, pero de bien poco sirvió. Entonces se llegó a proclamar con la boca pequeña la reforma del capitalismo, incluso la refundación de un nuevo comunismo democrático –de allí surgieron las sucesivas revuelta de las plazas públicas, la aparición de nuevas fuerzas políticas progresista-, mientras las fuerzas hegemónicas se reorganizaba y rearmaba -nunca mejor dicho- para seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. En poco tiempo volvimos a las andadas y en el sector cultural, que en este conservatorio nos concierne particularmente, tras los ajustes precisos, que afectaron más a unos que a otros la maquinaria volvió a reproducir el modelo anterior. No tengo duda de que esta vez no debiera ser así, pero he de reconocer que mi pesimismo se pega a mi ingenuidad. 

En el nuevo escenario que se nos presenta, al sistema del arte y la cultura no le convendría estar exentos de un análisis crítico respecto a su función social y educadora porque, precisamente en contra de esa misión, en demasiadas ocasiones ha funcionado con la misma lógica productivista, acelerada y consumista que la economía capitalista impone en nuestras vidas. Además, en una deriva poco comprensible de imitación, el sector público ha tendido a reproducir esas dinámicas, convirtiendo gran parte de la actividad cultural en valor de cambio, en lugar de fomentar su valor de uso accesible y universal, no necesariamente gratuito, aunque también cuando fuera pertinente. 

Cierto corporativismo del sector cultural –sobre todo las grandes promotoras de servicios-  en connivencia con los discursos de una gran parte de las instituciones, sigue insistiendo en que la preocupación principal del mundo del arte y la cultura es el mantenimiento de su industria, despreocupándose de la supervivencia de un ecosistema mucho más complejo que, además de mercancías, produce una vasta y profunda red de bienes comunes in-apropiables que, aunque se desarrollan en gran medida dentro de una economía de intercambio de servicios, es decir con trabajo remunerado – como en el sistema educativo o sanitario- no necesariamente se producen con fines estrictamente mercantiles o industriales y, desde luego, mucho menos especulativos o financieros.  

Estos días han vuelto a resurgir las críticas más radicales contra la inoperancia de las instituciones culturales que, para poder cubrir los ingentes gastos internos de su mantenimiento tras los sucesivos recortes, han ido reduciendo paulatinamente los recursos destinados a los creadores autónomos y a todas sus agencias de mediación. Y hemos escuchado la voz de cientos de trabajadores culturales preocupados por la situación de desamparo en la que se encuentran y por el incierto futuro laboral  que les espera. La mayoría son precarios y precarias que sostienen gran parte de los servicios –y muchas de las tareas de cuidados necesarios – y están estructuralmente fuera del sistema institucional protegido.

Alguien se preguntaba, ¿para qué queremos las instituciones si únicamente se sirven a sí mismas? Frente a esta posición nihilista, este puede ser un buen momento para volver a pensar (revolver) todo el sistema desde otros parámetros más justos para todas. 

No me cabe duda de que, ahora más que nunca, cierta contención ecológica debería atravesar la producción cultural, tanto en cantidad, pensando menos en acelerar la máquina productiva -la inflación de actividades es abrumadora- como en calidad, atendiendo mucho más a los aspectos reproductivos de la vida, con más cuidados mutuos y, sobre todo, menos precarización laboral. Menos concentración y masificación y más descentralización, más diseminación cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio. Mucha más colaboración interinstitucional y menos competencia ensimismada. Para salir de esta crisis con dignidad y cierta justicia distributiva, más allá de otras medidas generales y universales como la renta básica, el pleno derecho al acceso a los servicios de salud, la educación, etc. Habrá que invertir los recursos de las instituciones culturales públicas mucho más y mejor en las personas y las redes de pequeñas y medianas asociaciones y empresas que proveen y trabajan en la producción de contenidos y, entre todas las partes implicadas (políticos responsables, instituciones titulares, equipos directivos, trabajadores y sindicatos, etc.), racionalizar y reorganizar la economía pública del sector. Sé que es muy complicado, pero esta vez el ajuste no se debiera hacer a costa del eslabón más débil, pero absolutamente necesario en la cadena de valor del sistema cultural. Me consta que muchos técnicos están en ello. 


Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Colaboratorios: Poner el conocimiento, la comunidad y la cocreación en la base

Laia Sánchez, Colaboratorio Citilab Cornellà

Vivimos una situación excepcional en la que los sistemas, procesos, recursos y nuevas dinámicas sociales acompañan a la ciudadanía en búsqueda de respuestas, pero es imprescindible que el compromiso personal se sitúe en el centro de la acción que defiende lo común y lo público. Vimos cómo sucedía así durante la pasada primavera, cuando todas afrontamos una situación muy complicada.  Ahora, ante una nueva embestida observamos preocupados cómo ese compromiso ciudadano se empieza a debilitar.

Es urgente conectar la innovación ciudadana y la participación democrática.  Para hacerlo, el sector público, desde todos sus niveles e instituciones, ha de contribuir a articular una estructura estable que abra y sostenga procesos de participación e innovación que den a la ciudadanía un papel activo y corresponsable de la construcción de su futuro. Por eso, es necesario poner el conocimiento, la comunidad y la cocreación en la base. 

Necesitamos un sistema transversal, distribuido e híbrido que incorpore el potencial digital de la red. Una estructura que podamos sostener. Ésta debe ser pública y va a ser básica para identificar, visibilizar y movilizar el conocimiento, la inteligencia y la acción colectiva de la ciudadanía. 

Esta implicación de la ciudadanía no es sólamente útil, es una necesidad que por momentos se convierte en crítica. Sobre todo, si además de la salud de nuestra población queremos garantizar nuestra salud democrática

Ante la situación, observamos con consternación los riesgos que acompañan a las tensiones que estamos viviendo. No debemos desviar la mirada ante el auge de los populismos, pues éstos no dejan escapar oportunidad para ganar terreno. Su avance decidido y organizado representa la más oscura sombra del siglo XX que revive proyectada sobre los recién estrenados años 2020. 

La capacidad de respuesta social organizada que desde los años ochenta se fue desarticulando bajo las promesas y visión del mundo neoliberales, puede volver a crecer igual que también el miedo y la frustración son alimento de los populismos.  

El futuro de una sociedad democrática que respete derechos y libertades fundamentales lo hemos de construir juntas entre el sector público y la ciudadanía.  Esta incorporación de la ciudadanía es una cuestión fundamental porqué de su implicación o no implicación depende la futura relación entre la ciudadanía, lo público y lo político.

Ciertamente, estamos viviendo una batería de intervenciones, recomendaciones y llamadas a la colaboración a la sociedad civil por parte del estado y desde las distintas administraciones e instituciones que buscan garantizar la salud pública. Pero es un hecho que estas medidas y restricciones afectan y limitan libertades de movimiento y de encuentro. También se limitan muchos usos del espacio público, de las instituciones y sobre la actividad privada. De este modo, la ciudadanía hemos visto recortadas nuestra libertad de movimiento, de relación, nuestra actividad laboral, muchas economías familiares y también nuestras relaciones personales y con todas las instituciones ya sean sanitarias, educativas, culturales, deportivas, servicios sociales, judiciales. Todas nuestras relaciones están siendo afectadas.

Sabemos que estas limitaciones y recortes son parte de la respuesta a la crisis sanitaria que nos atraviesa, pero justamente por esta defensa de lo democrático es importante ofrecer una vía alternativa también desde las instituciones públicas para dar respuesta a ese replegamiento que nos cerca y aisla. 

Es precisamente este retroceso lo que hace urgente la incorporación de medidas y recursos que sostengan nuevos espacios seguros, híbridos (presenciales-virtuales) que den un lugar activo, creativo, y co-responsable a la ciudadanía para que contribuya con su conocimiento, capacidades y valores para construir futuro y responder a los complejos retos que estamos enfrentando como sociedad. ¡No la infantilicemos!

Por tanto desde las instituciones públicas debemos trabajar y coordinarnos para abrir estos espacios de participación respecto a todos aquellos procesos que seamos capaces de generar. Ésto debe extenderse a través de ámbitos territoriales que vayan desde los barrios, a lo local, metropolitano, comarcal, regional, estatal e internacional.

También deben hacerlo a través de los distintos departamentos o ámbitos sectoriales. Todas las instituciones públicas vinculadas a Salud, a Educación, a servicios Sociales, e Igualdad, a Cultura, al Deporte y Medio ambiente, etc, han de ser llamadas a conectarse a este sistema de participación democrática e innovación ciudadana.

Todo el sistema público sería más eficaz al comprometerse con esta implicación, empezando desde las instituciones más próximas a los ciudadanos. Por tanto, en esta nueva estructura, las instituciones, que son interfaces del sistema público con la ciudadanía como son los centros de atención primaria, las escuelas, universidades, las Bibliotecas, centros cívicos, centros culturales, los laboratorios ciudadanos son esenciales. 

Pero esta estructura no puede funcionar con las viejas lógicas y operativas que tradicionalmente han sido dominantes y extractivas. Se necesitan nuevas formas de hacer que sean respetuosas con el conocimiento y competencia de la ciudadanía y sumen en los recursos y competencias de los agentes públicos, políticos y técnicos implicados que trabajan para hacer posibles las respuestas coproducidas. 

Se trata de contribuir y enriquecer al ecosistema de innovación ciudadana desde lo público promoviendo su capacidad creativa y evitando la desertización de la confianza de la sociedad civil en la administración.

Lo público necesita abrir urgentemente esos espacios híbridos a la ciudadanía para que ésta pueda sentir que es llamada a ejercitar los valores solidarios y de compromiso con el bien común. La acción colectiva no tiene por qué darse exclusivamente en forma de manifestaciones a pie de calle, también puede expresarse en procesos participativos, deliberativos y de cocreación. Podemos ofrecer vías útiles para canalizar la energía positiva, solidaria, preocupada y que ésta no se convierta en pura frustración.  

Las personas podemos sacar lo mejor o lo peor de nosotras mismas. El deseo de ocuparse de los retos compartidos también está en nuestro ADN y por eso es como la hierba, que vuelve a crecer si encuentra aunque sea una brecha que se abre en duro asfalto, o en los muros de las instituciones. Preguntemosnos ¿Qué tipo de inercias queremos alimentar desde lo público? 

Desde el inicio de la crisis del COVID-19 y precisamente por su dureza y gravedad, hemos visto y vivido cómo era posible canalizar la enorme energía generada por la preocupación y la solidaridad en formas colaborativas extraordinarias pero posibles. Porque ante la dificultad, muchas personas han salido y salen al encuentro del bien común. Y lo han hecho a cada llamada a la participación que ha sabido conectar con sus valores y que les ha ofrecido espacios de colaboración, donde en la medida de sus posibilidades, han podido contribuir a dar respuesta a los retos que enfrentamos como sociedad. 

Han sido numerosos los ejemplos a nivel nacional e internacional.  Desde los laboratorios ciudadanos hemos podido ponernos a su lado y formar parte de distintas llamadas a la acción. Entre ellos, FrenaLaCurva es una de esas experiencias memorables que ha permitido sumar fuerzas e inteligencia y que ha sido capaz de traspasar fronteras.  Desde un primer momento en Citilab nos quisimos sumar a la llamada de Raúl Olivan desde Aragón. Allí nos encontramos con compañeras de otros laboratorios, de la universidad, de la administración pública, de asociaciones, colectivos. y personas que se sumaron a sus llamadas a la colaboración: Mapeo colectivo de iniciativas ciudadanas, Laboratorios distribuidos, Mapa de ofrecimientos y necesidades, Desafíos comunes y un Festival de Frena la Curva. Fueron diversas las llamadas a la acción durante las largas semanas del confinamiento de primavera.

Fue precisamente en el marco de Desafíos comunes, cuando junto a Ricardo Antón de ColaBoraBora y Javier Ibanez de Las Naves de Valencia nos pareció importante abrir un espacio para pensar cómo sostenemos esa colaboración, y lanzamos nuestra propuesta para abrir otra acción más en el marco de FrenaLaCurva. Contamos con el apoyo del equipo impulsor y de la comunidad iberoamericana.

En muy poco tiempo, en el Colaboratorio configuramos un grupo motor comprometido: Alberto Flores de Makea tu vida, Ibai Zabaleta de Medialab Tabakalera y Marcos García de Medialab Prado, Adolfo Chautón y Josian Lorente…juntas empezamos a invitar a muchas más compañeras a participar en ese espacio para poder pensar justamente ésto:

¿Cómo mantenemos la colaboración después del confinamiento? 

Teníamos claro que nos íbamos a necesitar más allá de esa primera embestida de la crisis.  En El Colaboratorio hemos contado con más de 150 personas, que de alguna manera forman parte de este ecosistema  y que participaron para pensar juntas en articular una red que abarcase no sólo a laboratorios e instituciones. 

Vimos fundamental articular una estructura con lógica de ecosistema que sumara a los agentes de la sociedad civil, de colectivos, o personas que trabajan en la inclusión de la ciudadanía en las diversas áreas de la sociedad. Así, agentes del mundo educativo, la universidad, la cultura comunitaria, las bibliotecas, la economía social y solidaria, el urbanismo, el medioambiente, la participación, la inclusión y agentes del sector público y las instituciones, nos dimos un tiempo y un espacio para pensar juntas y destilar qué es necesario para sostener esta colaboración. 

Ahora, después de esa reflexión que ha tomado forma en la reciente publicación de “Y si nos enredamos”, lo tenemos más claro y hacemos una llamada para que desde las instituciones sea cual sea su àmbito y nivel, se apueste por la participación democrática y la innovación ciudadana.  Ahora es momento de dejar de actuar puntualmente, individualmente y al ritmo que nos marcan los acontecimientos. Es momento de mirar a los lados, organizarse y coordinarse comprometiendo estrategia y recursos. Desde el Colaboratorio proponemos federar recursos y configurar el ICOSISTEMA [Ecosistema de innovación ciudadana].

Porque además de hierba resiliente y testaruda, necesitamos jardines, parques y bosques de participación e innovación ciudadana. Si hoy no podemos ocupar los parques y plazas de nuestras ciudades para que se conviertan en ágoras, ocupemos espacios digitales. Pero aunque sea complicado, no renunciemos a los espacios presenciales, adaptémoslos, cuidémoslos,  siguiendo aquellas medidas que sean necesarias. Debemos mantenerlos y defenderlos a toda costa. 

Si ahora toca trabajar más lo digital y distribuido, hagámoslo para que, cuando regresemos a la presencialidad,  podamos recoger la cosecha. Un campo vuelve a ser más fértil tras un tiempo de barbecho. Hagamos permacultura, apliquemosla a los ecosistemas de innovación ciudadana. 

Que la participación en lo público se convierta en un círculo virtuoso a partir de la alianza con la sociedad civil es clave más allá de las urnas. Esta relación de nueva confianza puede tejerse como una nueva forma híbrida que sume los recursos digitales y de internet con el potencial de las personas. 

No caigamos en análisis ingenuos, pero tampoco dejemos crecer entre nosotras el paisaje de la catástrofe y la desolación que trae consigo la imposibilidad de planear y dar respuesta a los retos que enfrentamos.  

La defensa de lo público, como aquello que es de todas las personas, es un proyecto irrenunciable para cualquier gobierno progresista. Para conseguirlo necesitamos co-diseñar una estrategia que organice e implemente procesos que escalen los peldaños de la escalera de la participación democrática para que sus niveles dedicados a la colaboración y el empoderamiento ciudadano se conecten con el sistema de innovación para que éste incluya a la ciudadanía

  1. Articular esta estructura es una nueva política que defiende el estado del bienestar y la democracia. 
  2. Los que ya somos parte de este ecosistema desde hace años contamos con experiencia y conocimiento que hemos aprendido de aciertos y errores y que es hora de que nos organicemos y pongamos en la agenda política y  en los planes de acción de nuestras instituciones.  
  3. Esta necesidad debe traducirse en medios humanos y materiales para hacer sostenible esta nueva estructura.
  4. Estos recursos han de venir de los fondos públicos europeos y estatales, regionales, municipales para dar respuesta a esta crisis y para la reconstrucción de nuestra sociedad.
  5. Los recursos no han de ser capitalizados por las estructuras existentes, han de ser federados y capilarizar y llegar a todos los agentes del ecosistema de innovación ciudadana.

No empezamos de cero, este movimiento ya ha crecido, ha madurado y ha demostrado contar con masa crítica, potencial, utilidad y valor social, democrático y económico. Desde lo público ahora debe darse el siguiente paso.

Los laboratorios ciudadanos, los agentes de la cultura comunitaria, de la participación democrática, de la economía social y solidaria de la educación, de la salud, de la defensa del medio ambiente, del derecho a la vivienda… tod@s las que trabajamos para transformar las cosas junto a la ciudadanía, formamos parte del ecosistema de innovación ciudadana y contamos con la experiencia, conocimiento, métodos y personas capacitadas para acompañar a las instituciones públicas para poner en marcha esta nueva estructura donde la ciudadanía ha de jugar un rol central al lado de tècnicos públicos, agentes del sector privado y de la universidad de su territorio.

Existen medios y modos para dar fuerza a este movimiento que ya ha empezado y que se ha expresado claramente durante el inicio de la crisis del COVID-19 y que se está liderando desde las vanguardias ciudadanas e institucionales.  Son muchos los métodos, y formatos que empiezan por la información y la sensibilización, continúan por el diálogo, la deliberación  y  la propia innovación ciudadana.  

Tras más de una década aprendiendo en los distintos proyectos y acciones, desde Citilab entendemos que es necesario tratar a la sociedad no como una masa, sino como un sujeto  hecho de una multitud de sujetos que aportan al conjunto su diversidad y riqueza de conocimientos, saberes, capacidades y compromiso.  

Por eso en el diseño de estas estrategias y procesos aplicamos una metodología, una estrategia, una caja de métodos y tácticas que llamamos de las 3H (Head:conocimiento, Heart:comunidad, Hands: cocreación) que quiere activar al sujeto colectivo que es un ecosistema de innovación ciudadana.  Se empieza por identificar y conocer los agentes (ciudadanía, administración, empresa, universidad) y retos de un territorio. A continuación se trata de promover el trabajo con comunidades y abrir procesos de co-creación que inviten a la ciudadanía a codiseñar y prototipar en entornos reales posibles respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. 
Para conseguirlo abrimos laboratorios vivos (living labs), laboratorios ciudadanos como espacios de experimentación, hospitalarios, seguros, ricos en herramientas, métodos y maneras donde invitar a la ciudadanía a descubrir, dialogar, deliberar,  diseñar, explorar, prototipar, equivocarse, aprender y generar conocimiento e innovación en compañía!  Y por eso también defiendo que el pensamiento computacional, de diseño, la alfabetización transmedia y los «CO» son algunas de las competencias o superpoderes ciudadanos.

Aprender a innovar debe convertirse en un derecho universal.



Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Por un museo situado: experiencia colectiva de otros modos de habitarlo

https://radio.museoreinasofia.es/museo-situado

Ana Longoni

*Fotografía: Guillermina Mongan. Estallidos gráficos 4. Taller de mascarillas disidentes. A toda nueva normalidad le corresponde su disidencia, 2020.

Cuestión de lengua

Empiezo a escribir estas líneas el domingo 27 de septiembre de 2020, mientras están sesionando en el museo dos pequeños grupos, cada uno integrado por cinco trabajadoras de hogar y cuidados, junto a una médica, en un taller de capacitación sanitaria sobre COVID. Ocho horas más tarde, salieron de allí, avanzada la tarde, recorriendo los pasillos vacíos, el muelle y el parking, dado que el museo estaba ya cerrado al público, aunque abierto a esa experiencia de formación de referentes en sus comunidades y colectivos.

Retomo el texto para concluirlo, casi un mes después, la noche del jueves 22 de octubre. Este martes pasado, día en que el museo no abre, a las exactas siete de la tarde, llegan -todas juntas por la puerta de personal de la calle Santa Isabel- un grupo de personas (varias de ellas sin documentos españoles) para empezar la Escuela de español para migrantes que sesionará en distintas zonas del museo dos veces por semana hasta fin de año. Luego de darles la bienvenida, hubo silencio. Silencio de timidez, pensé, o de no encontrar las palabras o quizá de no conocerlas todavía en ese idioma nuevo que vienen a aprender. Silencio, entendí después, de desconcierto: tantas fronteras se cierran a su paso, que l+s sorprende cuando se abre un huequito.

Al día siguiente a la misma hora, en el Auditorio 200 del museo concretamos junto a varios colectivos y asociaciones del barrio, el acto de reconocimiento de la red ciudadana de personas intérpretes-mediadoras:  una a una, subieron al escenario y fueron aplaudidas y homenajeadas treinta y ocho  personas que desde inicios de la pandemia vienen trabajando voluntariamente y sin recibir nada a cambio traduciendo al wolof, al bengalí, al árabe y a otros idiomas, en mil ocasiones, los diálogos entre el personal sanitario y quienes están enferm+s y no conocen suficientemente el idioma español. Nos explican que lo hacen sencillamente porque sienten que es necesario, por humanidad, por sus ancestros.

Aprendimos en esta pandemia que el derecho a hablar la propia lengua es una cuestión vital de primerísimo orden: la muerte de Mohamed Hussein, vecino bangladesí que tenía un restaurant en el barrio, afectado por COVID y que no recibió asistencia médica a pesar de llamar seis días seguidos al centro de salud fue el triste detonante de ese aprendizaje colectivo que impulsa mucho de lo que estamos haciendo en estos duros meses desde Museo Situado, la red de colaboración entre asociaciones migrantes, colectivos feministas y artísticos del barrio de Lavapiés y el Museo Reina Sofía.

Museo en red

Lavapiés es un barrio en el que conviven distintas comunidades —muchas de origen migrante—, portador de una larga historia de autoorganización, cooperación y luchas por el derecho de tod+s a habitar la ciudad. En los últimos años, como ocurre en muchas otras partes del mundo, se vio intensamente afectado por la gentrificación turística y la especulación inmobiliaria, lo que ha provocado la expulsión sistemática de much+s vecin+s ante el encarecimiento de precios y alquileres.

Museo Situado surgió en marzo de 2018 a partir de la conmoción que produjo la muerte de Mame Mbaye, joven migrante senegalés y miembro del Sindicato de Manteros y Lateros, quien cayó a causa de un infarto en la calle del Oso, a metros de su casa, luego de correr durante horas perseguido por la policía. Mame llevaba trece años viviendo sin papeles en Madrid, sin haber logrado regularizar su situación ni conseguir un permiso de trabajo. El fatal desenlace, que es corolario de la desprotección y vulnerabilidad en la que vivía, desató una encendida e inmediata ola de protestas en el barrio.

Mientras tanto, el museo parecía seguir con su ritmo cotidiano sin parecer percatarse de que todo se convulsionaba alrededor. Fue percibir esa desconexión aquello que impulsó el nacimiento de Museo Situado, a partir de una primera asamblea con l+s vecin+s que ocurrió fuera del museo. Si al principio predominó la desconfianza, poco a poco surgieron las propuestas por habitar el museo: un picnic de l+s vecin+s en el jardín del viejo edificio Sabatini, en pos de recuperar ese espacio verde que hace tiempo había quedado inaccesible, carnets de biblioteca para personas sin papeles, visitas comentadas en lenguas migrantes… Las propuestas se deliberan y aprueban en asambleas que ocurren regularmente, y se decide de manera participativa a qué destinar el presupuesto disponible desde el museo.

El Museo Reina Sofía sostiene desde hace varios años diálogos y colaboraciones con diferentes sujetos y colectivos, en distintas escalas de intervención o incidencia: desde la más próxima y local, a una proyección nacional e internacional. Un museo en red apuesta por una institucionalidad porosa y desbordada, conectada con agentes muy diversos (otros museos, activistas, artistas e investigadores): L’ Internationale, Instituto de la Imaginación Radical, la Red Conceptualismos del Sur, La Fundación de los Comunes, La Laboratoria… Museo  Situado es, entre estas redes, aquella que se relaciona con el entorno más inmediato, colindante con el museo, con el que hasta ahora el museo se había conectado en ocasiones esporádicas o interrumpidas. Entendemos a Lavapiés como un territorio delimitado menos por la geografía que por una trama de afectos, una larga historia en común.

Dos sueños

Pepa Torres, querida referente del activismo del barrio desde hace mucho tiempo y corazón fundante de Museo Situado, soñó -en medio del confinamiento- que durante esa noche se producía un desahucio masivo y cien vecin+s, incluida ella misma, quedaban en la calle. Ante la amedrentadora presencia policial, l+s vecin+s desalojad+s de sus casas se reunían, y se decidían a golpear una discreta puerta escondida del museo, cuya arquitectura une un viejo hospital del siglo XVIII al nuevo edificio, una enorme fortaleza roja y metalizada, que trasluce nada de lo que ocurre allí dentro, ni por donde se entra. Hermético e inaccesible, ajeno y extraño.

En el sueño de Pepa, sin embargo, la puertecita secreta se abría y aparecía yo del otro lado, invitando a l+s vecin+s a entrar por oscuros pasadizos hasta llegar a un antiguo sótano abovedado de ladrillos en donde tod+s respiraban sintiéndose resguardad+s y a salvo. Entonces organizábamos una gran fiesta para bailar y festejar. Celebrábamos que el museo pueda ser (al menos a veces, al menos en este sueño) casa y cobijo de quienes viven a su alrededor.

Cuando Pepa contó su sueño en una asamblea de Museo Situado, sentí que todo cobraba sentido: el estar acá, tan lejos de casa, el trabajar de sol a sombra, el negociar (y a veces confrontar) con lógicas poco proclives a que el museo pueda devenir en ese espacio a habitar por much+s.

Unos meses más tarde, fui yo la que soñé con Pepa. Iba al médico porque me sentía muy cansada y al entrar en la consulta, la médica era ella. No me sorprendía en lo más mínimo encontrarla en ese rol y le contaba cómo estaba, el mal dormir, el agotamiento. Pepa me recetaba venditas. “¿Qué?”, preguntaba yo. Y me mostraba una caja con autoadhesivos de distintas formas y tamaños. “Ah, ¡curitas!”, traducía yo al argentino. Entonces, Pepa me decía que no me fuera todavía, que me tendiera en un sillón, y me imponía las manos. Me desperté con una sensación cálida y feliz en los párpados.

Este intercambio onírico da cuenta, sobre todo, de una inscripción, la de un pacto afectivo y también político entre personas concretas. Pero también de cómo una máquina burocrática compleja, trabada y lenta como un museo estatal de arte contemporáneo puede aliarse con movimientos sociales, con sus urgencias, sus conflictos, sus precipitaciones. Dos temporalidades, dos modos de hacer, dos historias muy distintas que sin embargo pueden encontrarse, aliarse y conjugarse.

El nombre “Museo situado” remite, claro está, a la teoría feminista, y particularmente a Donna Haraway cuando se refiere al conocimiento situado, una práctica de pensamiento que pretende incidir en su entorno, pero que a la vez se deja afectar por ese entorno.

Pero en el barrio “situado” resuena a “sitiado”, una connotación militar que los aleja del nombre, que no terminan de hacer propio. Coloquialmente, llaman a nuestra red “agujerear el Reina”: una metáfora muy precisa de cómo algo inaccesible, distante, se puede imaginar y volver espacio del común. Conexiones y boquetes, túneles y puentes, puertas y ventanas, que de a poco van volviendo más porosa a la institución,  ciudadana y del común.


Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Experimentar para vernos entre habitantes

Elvia Sofía Bonilla Menjívar

Habrá muchas formas de hacer experimentos de ciudad. La que aquí se cuenta toma cabida en San Salvador, una de las capitales más violentas del mundo, con una sociedad polarizada políticamente y cada vez más intolerante.

(Humans Right Watch, 2020)

El Área Metropolitana de San Salvador cuenta con alrededor de 1.3 millones de personas que habitan los 14 municipios que conforman esta urbe. Dentro de este territorio, se visualizan diferentes caras de la ciudad, muchas veces vecinas, opuestas pero sin diálogo entre ellas. 

Desde el Laboratorio de Espacios Públicos de Glasswing se coordina con otros actores (públicos, privados, y desde la ciudadanía organizada), experimentos que incentiven a imaginar otra ciudad, una en donde quepan y se escuchen más versiones de anhelos, sin que unos se asusten de otros. Se trata de proyectos en el espacio público que imaginen una urbe más democrática, abierta a la heterogeneidad. Por ello, se han buscado formas de hacer intervenciones de bajo costo pero que permitan detonar discusiones sobre situaciones cotidianas, pero no obvias para quienes transitan y viven la urbe. Estos experimentos buscan, de alguna manera, poner el dedo en una llaga. Si duele, es porque hay una discusión abierta, con poco análisis y aun sin conclusiones. 

Aunque son varios los proyectos en proceso, se presenta a continuación discusiones aun gestándose en torno a un proyecto de urbanismo táctico, en la Calle Delgado ubicado en el ala este del Centro de San Salvador. Su diseño resulta de un proceso de discusión con habitantes y trabajadores de la zona. En concreto, se trata de dos murales de arte urbano. El primero realizado sobre un muro de tres niveles y el segundo es una alfombra de colores pintada sobre 200 metros de calle, conectando el  (pronto a abrirse) Centro Cultural Nave Metro y el Mercado ex Cuartel.  Los diseños retoman elementos representativos de la zona, que surgen de las consultas ocurridas. Entre ellos, resalta la fuerte representación de las mujeres en el negocio de ventas por cuenta propia, en la calle.

Aterrizada la idea de otra manera: se pintó un tapete en el suelo público, extendiendo al micro centro histórico renovado por la municipalidad, invitando a ciudadanos y visitantes a caminar dos cuadras “más allá”, hacia ese lado más oscuro, desordenado, y para muchos peligroso de la ciudad…

Aunque el proyecto es una intervención “física”, y en medios de comunicación se comenta sobre lo bonito de los colores en contraste de lo sucio del entorno, el proyecto deja reflexiones más allá de la infraestructura, la pintura y las edificaciones vecinas.

El centro está vivísimo

Desde hacer un par de décadas, espacios de gestión de la ciudad, tanto públicos como privados, así como desde la academia, discuten y redactan propuestas de renovar, reordenar, revivir, rehabilitar o rescatar el centro histórico de San Salvador. Porque representa mucho de la historia del país, porque es el punto cero de la ciudad. Cada uno de los verbos en los objetivos trae consigo una gran carga de símbolos y teorías que se traducen en propuestas para la ciudad. Algo en común entre las palabras recurrentes es el prefijo “re-“ que en la lengua española denota una intensificación y una repetición. Es decir, como punto de entrada muchas de estas propuestas indican que la situación actual del centro no está bien. Está desordenado, hay que re-ordenar. Está dañado, hay que re-novar. Está inhabilitado, hay que re-habilitar…. ¿Está tomado, hay que rescatar?, ¿está muerto, hay que revivir?… Pero, ¿rescatar, revivir, rehabilitar, renovar para quién? 

Si la vida la traen los seres vivos, el centro está vivísimo. Se registra que entre 200 mil y un millón de personas lo transitan en tiempos sin pandemia, de manera diaria (OPAMSS y Alcaldía de San Salvador, 2016). Es cierto que muchos de sus edificios están vacíos o subutilizados, como dicen los mapas de usos de suelo de FUNDASAL y la Alcaldía municipal, pero no se niega que personas desempeñando muchas actividades de su vida hay. Usar los verbos rescatar o revivir implica asumir que quienes viven y transitan el centro todos los días están muertos, o son ladrones del espacio público. Sea como sea, hablar de cientos de miles de gentes significa mayoría en un país de la escala de El Salvador. Planteamientos como “eliminar o remover lo que existe en el espacio público”, no son siempre viables y factibles, tanto desde la parte ejecutivo económica como desde la visión ética y filosófica.

Reflexionando lo anterior, se impulsó pintar de colores esas dos cuadras de suelo, llevando al gran lienzo la premisa de que en esta calle ya habita y se mueve mucha gente diversa. Los vendedores se organizaron y han sido el frente activo del proyecto. Junto a ellos se buscó tanto diseñar como ejecutar la obra. Al discutir el “limpiar la calle”, se trató el remover lo sucio, no a la gente (como algunos planes de mayor escala sugieren). La decisión no fue a puerta cerrada del laboratorio y las instituciones socias, sino junto a los trabajadores y habitantes de esos 200 metros. Consecuentemente, la limpieza de la calle implicó barrer y lavar la calle. La calle y no a quienes trabajan en ella. Alrededor de 300 vendedores por cuenta propia se pusieron manos a la obra junto a personal del gobierno local, con todas las medidas de protección del Covid, para poner bonita la calle, su entorno de trabajo y vida. Muy viva estaban las pulsaciones de ese corazón de la ciudad. La organización local se hizo muy rápido. Ya existía.

El desorden para un encuentro más interesante

Los límites urbanos del Área Metropolitana de San Salvador se expanden a fuerza de guetos. Nuevos condominios y residenciales a portón cerrado van apareciendo para quienes pueden conseguir créditos en la banca formal. Estos barrios amurallados de casas iguales, en donde solo grupos con los mismos antecedentes socioeconómicos se relacionan, son una normalidad valorizada. El experimento de señalar zonas consideradas degradadas como la Calle Delgado invitan a ver ese trozo de ciudad y estando ahí, repensar el valor de ese “contra- espacio”.

Es un ejercicio constante, en este momento en proceso de monitoreo, compara al barrio cerrado unifuncional (habitacional) del borde de la ciudad, con esta área del centro. Este último posibilita una diversidad, tanto en historia edificada, encuentros entre grupos poblacionales, así como en variedad de usos (comercio, vivienda, cultura, ocio). En las calles del centro no hay restricción de paso, por lo menos no con portones y muros. Es más probable el cara a cara entre opuestos en el centro que en el gueto. Así, el escenario desordenado del centro en realidad es más vivo y latente, con más ofertas de lecturas y aprendizajes, en fin, con más “espacios públicos para construir sociedad” (Segovia 2007). El centro histórico como contra-ideal del desarrollo habitacional intra-muros, se convierte en lo que Carrion (2016) describe como lo que podría ser una verdadera ciudad: un espacio construido, denso pero sobre todo heterogéneo y estructurado a partir del espacio público.

La vida tropical, la vida hacia afueraen tiempos de Covid.

El trópico invita a la arquitectura y la urbe a volcarse hacia afuera. Y es que el clima caliente y húmedo de casi 12 meses, incentiva a salir a la calle, al encuentro de otros. Este año de pandemia global, recuerda al humano la importancia de saberse social, grupal. Y es que la cuarentena y el distanciamiento físico han sido necesarios para contener al virus, sin embargo el encierro han dejado en quiebra a muchos (ICEFI, 2020) y con depresión a tantos más en soledad.

En el centro de San Salvador muestra entre sus características la alta presencia de vendedores por cuenta propia en la calles, también llamados informales y ambulantes. Para el año 2007, la DIGESTYC estimaba que casi la mitad de la población ocupada de El Salvador se encontraba en el sector informal y desde ese año el porcentaje sigue incrementado. A este grupo pertenecen parte de las familias más afectadas económicamente (entre otras cosas), por las medidas que combaten el Covid (ICEFI, 2020).  En la reapertura post cuarentena, el Dr. Marty Makary del Johns Hopkins School of Public Health indica que en el presente y futuro próximo, las actividades serán más seguras si ocurren al exterior que entre paredes. Desde esa perspectiva, se invita a reflexionar sobre las ventas en el espacio público como parte de la solución de la crisis económica que comienza. Lo anterior no es innovador, por ejemplo, si se estudia al tiangue como figura histórica y climáticamente funcional, del mercado. Por supuesto que falta más para desarrollar propuestas de solución económica en el tiempo del Covid, pero cabe apuntar que el comercio en el espacio público no es una idea tan mortífera como se hace creer muchas veces. El peso negativo de saberse vendedor informal por planes de desarrollo territorial puede repensarse en el contexto presente.

La pintura perecedera para la reflexión resistente 

Toda propuesta de urbanismo táctico es uno experimento de ciudad efímero. Sin embargo, las cuadras de calle pintadas impulsan a soñar la urbe de otra manera. El pretexto de color indica que al fin y al cabo lo llamado sucio no era lo sucio, lo degradado está en su esencia enriquecido, lo semejante puede ser monótono, y la mezcla abre camino a la tolerancia.

Se puede, si se quiere, experimentar en el espacio público con prácticas que pongan énfasis las personas. La población resiliente, habitante y trabadora del centro, inspira una ciudad más abierta, diversa y tolerante, una capaz de ver el rostro de todos. Una ciudad que la sociedad salvadoreña merece…


Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Experimentar para crear comunidad. Laboratorios ciudadanos, saberes compartidos y vínculos de proximidad

Experimenta Distrito

Lorena Ruiz

Las ciudades están llenas de experimentación. Desde los grandes laboratorios de investigación, con su imagen icónica de los tubos de ensayo, hasta los espacios más cotidianos: pensemos en las actividades de todos los días que implican probar ingredientes, tantear formas de hacer las cosas, arriesgarse a hacerlas de manera diferente, esperar el resultado, valorar si hacemos un cambio o si, por el momento, lo que hemos probado parece funcionar.

La experimentación está llena de saberes. Saberes diversos y situados, si bien reciben diferentes grados de reconocimiento, legitimidad y visibilidad.

Quizá el ejemplo más paradigmático sean todos esos saberes implícitos en las tareas de cuidados que de manera cotidiana realizan las mujeres y que no reciben valoración social ni retribución económica.


Los laboratorios ciudadanos son un nuevo modelo institucional que precisamente sitúa en el centro la experimentación. Su objetivo es que los vecinos y vecinas desarrollen proyectos de manera colaborativa, a través de los saberes que comparten y descubren experimentando. Desde este marco, podemos conceptualizar un laboratorio ciudadano como una caja de herramientas para la colaboración. Para desplegar todas estas herramientas, un laboratorio ciudadano se ancla en primer lugar a un territorio concreto (por ejemplo, un barrio dentro de la ciudad) y a una institución del mismo (por ejemplo, un centro cultural), con el objetivo de aprovechar las infraestructuras que tiene el territorio y ensanchar los usos posibles de las mismas. Se trata así de responder a la escasez de espacios en nuestras ciudades para reunirnos con otros vecinos y poder llevar a cabo proyectos
de manera conjunta.


Un laboratorio ciudadano se asienta sobre la práctica de la mediación. Esta necesita de un equipo de personas que acojan y acompañen a los vecinos y vecinas del barrio para que conozcan la propuesta y participen en ella. En la práctica de la mediación es fundamental escuchar, observar, abrir conversaciones y conectar personas, colectivos e ideas en torno a intereses comunes. Esta labor de escucha y conexión comienza por el contacto directo con los colectivos que ya están trabajando en el territorio, ofreciéndoles el laboratorio como aliado para el impulso de nuevas iniciativas o el refuerzo de las ya existentes.

Una de las herramientas más importantes de un laboratorio ciudadano son las convocatorias abiertas, que son de dos tipos: convocatoria de proyectos y convocatoria de colaboradores. En la primera de ellas los vecinos presentan sus propuestas: por ejemplo, en el laboratorio desarrollado en Villaverde (Madrid), dentro del programa Experimenta Distrito​, un grupo de jóvenes propuso la construcción de unas barras para poder realizar deporte en el parque del barrio. Entre todas las propuestas recibidas se seleccionan algunas de ellas para ser llevadas a cabo. A continuación se abre la segunda convocatoria, de colaboradores, que se dirige a aquellas personas interesadas en ayudar en el desarrollo de los proyectos seleccionados: por ejemplo, personas que quieran ser parte del grupo que tratará de construir las barras para hacer deporte en el parque.


Estas convocatorias son herramientas para la apertura institucional, en la medida en que generan un espacio accesible, flexible y que permite la reapropiación. Por ejemplo, los requisitos para participar en el laboratorio son pocos y sencillos: no hace falta tener una forma jurídica para presentar un proyecto o para ser colaboradores; las propuestas pueden realizarse a título individual o por parte de colectivos informales; los proyectos no requieren de un alto grado de formulación, sino que se solicitan ideas abiertas; y el único requisito para colaborar en un proyecto
es expresar el interés y ganas de participar en el mismo.


Por otra parte, la granularidad de la participación que se persigue conlleva que puedan vincularse al laboratorio personas con diferentes grados de implicación, con mayor y menor disponibilidad de tiempo, con conocimientos y responsabilidades distintas. Esta diversidad de formas de estar en el laboratorio es posible cuando no se establece una única manera de participar, sino que se acompaña a las personas para que encuentren el lugar significativo para ellas dentro del laboratorio: por ejemplo, alguien puede no presentar un proyecto ni ser colaborador, pero formar parte del laboratorio trayendo comida a los participantes por las tardes, ofreciendo un taller en el que comparte sus habilidades o presentando el trabajo que está realizando su asociación en el barrio. Las formas posibles de participación se van definiendo a lo largo del proceso del laboratorio y surgen de la exploración conjunta entre los vecinos y los mediadores, fruto de las conversaciones que establecen y de la confianza mutua que van generando.

La fase final de los laboratorios ciudadanos son los llamados talleres de producción o de prototipado. En ellos se reúnen los grupos que llevarán a cabo los proyectos seleccionados, integrados por la suma de los promotores (quienes presentaron el proyecto) y los colaboradores (quienes decidieron sumarse al proyecto), como se ha señalado anteriormente. En estos talleres adquieren un peso muy importante la convivencia, la autoorganización de los grupos y la colaboración entre ellos: por ejemplo, uno de los jóvenes que está construyendo las barras para el parque sabe dibujar y ayuda a otro grupo que está diseñando una maqueta para hacer más accesible la plaza del barrio. El intercambio de saberes y la disposición a la cooperación permean así el transcurso de los talleres, si bien estos se encuentran asimismo atravesados por el conflicto y las desigualdades. A este respecto, es importante reflexionar sobre la diversidad -y su ausencia- en las iniciativas de colaboración:

¿qué exclusiones operan a través del lenguaje, de los espacios, de las formas de participación posibles? ¿En quiénes piensa una institución como “participantes” cuando impulsa programas de colaboración con la ciudadanía? ¿Quién se queda fuera de un laboratorio ciudadano? ¿Por qué?

Para abordar estas y muchas otras preguntas relacionadas con las experiencias de colaboración necesitamos documentar nuestras prácticas, contribuyendo así a la difusión y uso libre del conocimiento generado en las mismas. Esta documentación es una forma de investigación que nos permite comprender mejor qué sucede en los procesos participativos, identificar cuáles son sus resultados y poder adaptarlos mejor a cada contexto particular.


Las ciudades están llenas de experimentación. La experimentación está llena de saberes. Estos saberes nos ayudan a acoger la incertidumbre de manera colectiva, a aprender a través del hacer, a reconocer que hay cosas que no sabemos pero confiar en que otras personas sí las sabrán (y, si no es así, podemos intentar aprenderlas juntas). Los laboratorios ciudadanos fomentan esta experimentación para responder así a la necesidad de imaginar otras formas de vida en común, compartiendo lo que cada una sabemos y queremos, vinculándonos desde aquello que nos afecta e importa: el barrio, sus parques y sus plazas.

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Este artículo forma parte del ciclo de conversatorios ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizados como parte del proyecto en red Experimenta Ciudad realizados de manera virtual entre los meses de octubre y noviembre de 2020 con la coordinación de Grigri Projects.

Post – COVID: Configurando el arte del futuro

“Hemos sido artistas, somos y seremos después de esta pandemia”

concluyó una amiga y creadora mayor muy cercana. Esta frase que se secciona en un pasado reciente, un presente y un futuro, se enmarca en una coyuntura excepcional: la pandemia por COVID-19. Ante ella, mi amiga afirma con seguridad, con persistencia, con una terquedad existencial que —aunque el mundo se esté cayendo— los artistas van a seguir haciendo arte. El artista, como el resto de profesionistas, necesita hacer para ser.

En esta pandemia los artistas han sorprendido al mundo porque han seguido siendo y haciendo en cuarentena. El artista no puede dejar de ser artista en casa, porque los danzantes, los actores y los músicos no “dejan el cuerpo” tendido tras bambalinas, cargan con él y con todo lo que de él usan para hacer. Pienso que igual sucede con los pintores, dibujantes, escultores, fotógrafos, videastas y escritores quienes, más allá de tener a mano o no materiales o equipos costosos, descubren, en su diario vivir, líneas y colores, sonidos y melodías, golpes de luces, formas y volúmenes, personajes y situaciones. Sin embargo, este hacer vitalista, no debe romantizarse porque, así como muchos creadores han producido para alentarse y alentar a otros, la gran mayoría está enfrentado situaciones críticas en el plano económico —por las cancelaciones de proyectos y por seguirse adeudando un acuerpamiento estatal— así como en el plano psicológico —al experimentar una especie de abstinencia creativa, retomando las fuertes palabras de la pintora Licry Bicard registradas el portal de Disruptiva, sintiéndose bloqueados mentalmente (…) no pudiendo crear obra con el alma, porque “el alma está muy golpeada” (Disruptiva, 2020).

Si tanto se sufre en esta realidad salvadoreña siendo artista ¿por qué no se deja de ser? Sostengo, otra vez, porque no hay un absoluto que me lo pueda confirmar, que los artistas optan por seguir siendo cada día, porque con su hacer creen reafirmar más que su existencia: con su acción interpretadora y creadora configuran una realidad modelada en sus maneras (desde sus diferencias), sellada con sus modestas vidas. Estos actores sociales aportan, enriquecen nuestra comprensión de la historia pasada, contemporánea y de los posibles futuros.

Desde el planteamiento de la ecofeminista estadounidense Donna Haraway, podemos considerar que los artistas abonamos con conocimiento cultural-artístico situado. Esta postura epistemológica hace referencia a aquellos saberes que, al ser territorizalizados, revelan los distintos lugares desde los cuales hablamos-habitamos. Puede parecer demasiado obvio —porque damos por sentado que existimos en un lugar—, pero al defender el “hablar desde”, al asumir la pertenencia y revelar los intereses, ejercitamos una práctica ético-política. Porque quien investiga o crea desde Japón no asume las mismas responsabilidades y consecuencias que quien crea o investiga desde El Salvador. Así, de manera diferente asume crear o investigar un heterosexual que aquella que crea o investiga reconociéndose trans.
Los creadores e investigadores culturales-artísticos son importantes, porque generan tanto conocimientos teóricos como experienciales, últimos que no deberían considerarse “menos” conocimiento por no seguir los lineamientos científicos hegemónicos. En otras latitudes de Latinoamérica se han comenzado a aceptar las aportaciones del arte en la investigación cualitativa. Como muestra, durante el Encuentro de investigación y Creación en las Academias de América Latina llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica en el 2019, la Dra. Ana Harcha, investigadora, dramaturga y directora teatral chilena, ante el valor de la investigación artística expresó: “Si se saca el arte de la academia, la academia pierde, no gana con convertirse en otra cosa” (Universidad de Costa Rica, 2019). Si en Latinoamérica nos empeñáramos en trascender el modelo tecnoburocrático que impone estándares globalizados y en cuestionar cualquier hacer científico que se presente como “supra social”, peligro advertido por el filósofo alemán Max Horkheimer quien, en 1932, expresó: “En la actualidad, el cultivo de la ciencia ofrece un reflejo de la contradictoria situación económica. Esta se halla dominada por tendencias monopolistas, y no obstante, en escala mundial, es desorganizada y caótica, más rica que nunca y sin embargo incapaz de subsanar la miseria” (2003, p. 20) palabras, reitero, de 1932. Situarnos, territorializar nuestros problemas para producir nuestros saberes, alentaría y reforzaría concepciones artísticas y académicas más posibilitantes y esperanzadoras, por ejemplo destacan las expuestas por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, quien a inicios de los ochentas defendió la importancia del “mundo de la vida” anónimamente vivido, pero compartido intersubjetivamente… mundo que puede ser expresado no solo mediante fórmulas físicas, sino mediante una razón poetizante, sintiente, pudiendo dar paso a la conjunción de lo racional y lo vivencial, desde un hacer “sentipensante”, término que, muy éticamente, Fals Borda no se atribuyó como “su” descubrimiento académico: Ese término no lo inventé yo (…), fue un pescador que iba conmigo quien dijo: cuando actuamos con el corazón pero también usamos la cabeza, cuando combinamos las dos cosas, somos sentipensantes (Fals, 2008). 

Por otro lado, pensando en los modos de habitar, nos vemos en la urgencia de revisar la forma en la que usamos internet. Instalados en la virtualidad (que no debe mal entenderse como lo irreal o como una falsedad) estamos llamados a experimentar otros modelos de interactividad que democraticen conocimientos, que empoderen a los usuarios, a los “navegantes”, constituyéndose como portadores de otra ciudadanía, una ciudadanía virtual. Este entorno, al que hoy nos hemos visto arrojados por necesidad —por el peligro de contagiarnos al coincidir y encontrarnos físicamente presentes— aparece como una extensión del modo de estar en el mundo. Las ya no tan nuevas dimensiones asociadas a la cibercepción —término de 1995, aportación del artista británico Roy Ascott quien trabaja con la cibernética y la telemática— nos abren la posibilidad de digitalizar el registro, generar archivos y proponer otros usos de la memoria.

Lo dicho, pretende reforzar cuatro cuestiones que valoro fundamentales de estudiar y ensayar para constituir otro modo hacer, entendiendo este “arte del futuro” como proyecto : uno,  reconocer la admirable y beneficiosa resiliencia de los artistas; dos, luchar por políticas y prácticas que permitan acuerparlos, pagarles y reconocerles debidamente como creadores sociales; tres, la necesidad de abrirle las puertas al arte como saber y como hacer en la academia (o a la academia en el arte), lo que plantea el reto de entregarse a un fructífero pero demandante ejercicio creativo-experimental con el fin de establecer metodologías respetuosas para con el fenómeno artístico, todo en vista de alentar otras maneras de exponer y comprender nuestra realidad latinoamericana; y cuatro, siendo artistas, cuestionar cómo podemos explotar esta obligada migración virtual para verla dentro de una estrategia, es decir: indagar cómo aprovechar las virtudes de la virtualidad y cómo habitarla, poniendo en juego la creación colectiva y practicando la corresponsabilidad. 

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El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) abre sus puertas al público en 1998. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes de la cultura, del arte, del desarrollo y la libertad de expresión en San Salvador. Es, además, un importante agente cultural para el intercambio y el diálogo a nivel centroamericano e iberoamericano, ofreciendo alternativas para luchar contra las desigualdades y a favor de la identidad, la memoria y la diversidad.

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Situado en la Colonia San Benito en San Salvador, el CCESV dispone de un espacio de una sala multiusos para exposiciones y actividades, una radio on line y una mediateca; además de un patio exterior para actividades al aire libre.