DERECHOS CULTURALES, DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los derechos culturales como parte de la Agenda 2030 ¿Es posible su cumplimiento tras la pandemia?

24 de septiembre de 202125 de febrero de 2021 por Comunicaciones CCESV

Este texto se escribe con el interés de reflexionar sobre los derechos culturales en relación con la desigualdad y la participación ciudadana. Propongo vincular los derechos culturales con la Agenda 2030 desde un enfoque político-cultural, para con ello, explorar respuestas a la urgencia de pensar el desarrollo sostenible como política cultural a partir del impacto de la Covid-19 y con ello,

retomar una ruta de intersecciones hacia estrategias de “desarrollo sostenibles como política cultural”,

que es el enfoque que planteo desde 2003. Es bueno precisar que aprovecharé esta oportunidad para pensar esas posibilidades no en abstracto sino puestas en sistema, en un sistema que podríamos llamar multilateral del desarrollo sostenible, y en una lógica de institucionalización que pone en valor el trabajo de una de las instituciones internacionales que más ha aportado al multilateralismo, la cooperación y las políticas culturales y sus economía creativas asociadas: UNESCO.

Agenda 2030 y los derechos culturales

En términos operativos, UNESCO compartió una visión general en cada uno de los ámbitos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Con respecto a las personas, se parte del consenso de que la “identidad y conocimientos: se protegen y salvaguardan los bienes culturales”, que la “inclusión y participación: se brinda apoyo para el acceso a la vida cultural y las diversas expresiones culturales” y que a través de la cultura, las personas “cultivan la libertada artística, la creatividad y la innovación”. Con respecto al planeta y las políticas culturales con un enfoque de desarrollo sostenible, “se protegen el patrimonio natural y la biodiversidad”, “se fortalecen las relaciones positivas entre los ambientes culturales y naturales” y “se promueve la resiliencia, comprendida la resiliencia cultural”. Otros de los ámbitos clave es la prosperidad, considerando que “se fomentan los medios de vida basados en la cultura y la creatividad” y “se alcanza la apertura y el equilibrio en el comercio de bienes y servicios culturales”. Con respecto a la paz, “se promueven la diversidad cultural y la cohesión social”, “se promueve el sentimiento de identidad y pertenencia”, y “se promueven la restitución de bienes culturales y el acercamiento de las culturas”. Por último, y no menos importante, las alianzas a través del refuerzo de que las redes culturales son de “carácter transparente, participativa e informado en la gestión de la cultura”, que “se articulan para la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial”, a través del “comercio mundial de bienes culturales y movilidad de los productores creativos” y cuando “se reducen las desigualdades mundiales en la salvaguardia y la promoción de la cultura”.

¿Dónde estamos hoy y con qué instrumentos contamos para seguir?

De no ser por el COVID-19, 2020 hubiera sido un año clave para la UNESCO y el sector de la cultura: considerando que se cumplieron el 15° aniversario de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Convención de 2005), el 10° aniversario del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) y el 40° aniversario de la Recomendación de la UNESCO sobre la condición del artista (Recomendación de 1980). Podría decirse que con sus aciertos y errores, estos tres instrumentos, hijos respectivos de su tiempo, dan cuenta de una base legislativa, normativa y de actuación internacional para entender la economía creativa como política cultural: esto es entender su doble dimensión simbólica y económica y sobre todo impulsar sus aplicaciones al software del desarrollo sostenible.

Quisiera ejemplificar con dos instrumentos metodológicos recientes de UNESCO que derivan de esa constelación de instrumentos de gobernanza, para entender cuál es el tipo de respuestas desde las políticas culturales que tienen un enfoque de desarrollo sostenible en dos dimensiones:

como respuesta de emergencia y como visión a mediano y largo plazo: una guía de políticas culturales desde un enfoque sectorial y un nuevo marco de los indicadores temáticos de cultura en la Agenda 2030.

La cultura en crisis: guía de políticas para un sector creativo resiliente

Un informe de UNESCO titulado “La cultura en crisis: guía de políticas para un sector creativo resiliente” proporciona una serie de orientaciones prácticas a los responsables de la elaboración de políticas públicas que se están esforzando por que las industrias creativas y culturales se incluyan en los planes de recuperación y reactivación de la economía y la vida social. Para que esas industrias puedan cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad vigentes, así como adaptarse a los nuevos modelos empresariales, seguirá siendo necesario que continúe el apoyo financiero y técnico que se les ha venido prestando. De forma específica: UNESCO llama la atención de cómo el apoyo directo a los artistas y profesionales de la cultura ha sido una de las respuestas identificadas como respuesta a la crisis: prestaciones sociales, encargos y compras de obras, compensaciones de pérdidas e ingresos y creación de competencias. Se han apoyado también a distintos sectores de las industrias creativas a través de entregas de ayudas y subvenciones, flexibilización temporal de las obligaciones reglamentarias, compensaciones de pérdidas por interrupción de actividades, desgravaciones fiscales y reducción de cargas sociales, estimulación de la demandas y préstamos en condiciones preferentes, a lo cual se suma el fortalecimiento de las infraestructuras. El fortalecimiento de la competitividad de las industrias culturales y creativas, ha sido crucial también para fortalecer los derechos culturales. UNESCO refiere la creación de dispositivos de participación para evaluar las necesidad y estudiar la viabilidad, la adaptación de los modelos empresariales, la promoción de contenidos nacionales y también incentivos fiscales para inversiones extranjeras. Estas recomendaciones son claves para entender un enfoque rectorial de gobernanza, que si bien es insuficiente hoy, sí es imprescindible para pensar en los futuros instrumentos de gobernanza cultural del desarrollo sostenible, desde un enfoque más transversal, como el que posibilitarían la utilización de los Indicadores Temáticos Cultura | 2030.

Indicadores Cultura | 2030

Según el documento, publicado en 2019,

“Los indicadores temáticos de la UNESCO para la cultura en la Agenda 2030 (Indicadores Cultura|2030) constituyen un marco de indicado- res temáticos cuya finalidad es medir y evaluar la contribución de la cultura al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas en virtud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tanto a escala nacional como local. El marco evaluará el papel de la cultura como sector de actividad y su contribución transversal a diversos ODS y ámbitos políticos. Este conjunto de indicadores temáticos pretende apoyar y complementar los indicadores globales acordados en la Agenda 2030 y fomentar los vínculos entre los diferentes objetivos y metas. Los Indicadores Cultura|2030 proponen un marco conceptual e instrumentos metodológicos para que los países y las ciudades evalúen la contribución de la cultura a los ODS como parte de los mecanismos de aplicación existentes en la Agenda 2030 a nivel nacional o local. Los datos recabados servirán de base para las políticas y decisiones, así como para las acciones operativas”

Estos indicadores básicamente se plantean: mejorar la visibilidad de la cultura; proponer un enfoque temático; elaborar mensajes y fomentar la cultura; promover políticas y acciones nacionales y locales y evaluar el progreso global de la cultura en los ODS. Los indicadores son los siguientes, divididos en 4 ámbitos temáticos y 2 transversales, como establece el siguiente gráfico:

Sin afán de abordar detalladamente en la lógica instrumental de este nuevo marco de medición, es preciso reconocer que este enfoque sigue estableciendo una visión instrumental de la relación entre cultura y desarrollo: específicamente de cultura en el desarrollo y sobre todo de la cultura para el desarrollo. Existe todo un potencial sobre una visión desde la dirección inversa: o sea, cómo el desarrollo sostenible contribuye a la cultura en este escenario. Esto implica no pensar “la cultura como recurso” sino utilizar tanto el marco político ético e instrumental del desarrollo sostenible y “la política cultural como software de transformaciones” con causa. Este es el camino de intersecciones que estaré abordando en el siguiente acápite, no sin antes poner en contexto los impactos de la crisis de la pandemia por COVID-19. Ahora, ¿para qué sirven estos instrumentos hablando de posibilidades de garantía y afirmación de derechos culturales en América Latina?

Es preciso partir del hecho de que América Latina es la región más desigual del mundo. En el contexto de la pandemia por COVID-19, según Cepal, la peor crisis en 100 años. A fin del 2020 el PIB per cápita sería igual al de 2010: una década perdida, se cerraron 2,7 millones de empresas formales y se estima que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, el mayor aumento desde la crisis financiera global. Ello implica, según CEPAL que la pobreza llegaría a niveles de 2005: un retroceso de 15 años alcanzando a 231 millones de personas y la pobreza extrema llegaría a niveles de 1990: un retroceso de 30 años alcanzando a 96 millones de personas. En este contexto, urgen respuestas sectoriales y sistémicas que implica recuperar el debate sobre los ámbitos de trabajo de las políticas culturales.

Algunas reflexiones hacia una nueva comprensión del desarrollo sostenible como política cultural

Como conclusión compartiré algunas intersecciones clave del desarrollo sostenible y la política cultural que apuntarían a los cómo y qué necesitamos, para esto utilizaré tres ámbitos de esta intersección, que vengo trabajando desde que entré en 2012 y 2014, facilitando el proceso de construcción de la Política Pública de Cultura en El Salvador, con el apoyo de AECID: Soberanía cultural, seguridad cultural y sostenibilidad cultural. Estableceré las interacciones entre estos ámbitos a modo de reflexiones con tono de recomendaciones para la transformación:

Repensar la representación cultural de lo nacional desde un enfoque de derechos humanos, implica el desplazamiento de la identidad politizada desde el poder como referente, a la diversidad de expresiones culturales como derechos de las personas, grupos y comunidades.

Centrar la base legislativa de salvaguardia, promoción y protección del patrimonio y la creatividad en las personas, desde un enfoque de derechos, y no exclusivamente de “expresiones culturales”.

Las políticas culturales del desarrollo sostenible deben generar plataformas como desarrollo sostenible basadas en bases legislativas nacionales alineadas a los marcos internacionales de derechos.

Seguridad cultural y sostenibilidad cultural

El patrimonio cultural de los individuos, y grupos sociales forma parte de la seguridad ciudadana, por tanto el ejercicio de la violencia contra sus expresiones culturales como parte de sus derechos culturales constituye un delito y viola los derechos culturales en tanto derechos humanos.

Además del reconocimiento vinculado con la seguridad, este debe completarse con medidas efectivas de empoderamiento que permitan el acceso a la economía creativa como forma de vida.

2021, es el Año Internacional de la Paz y la Confianza, con el fin de promover y fortalecer la diplomacia preventiva, entre otras cosas mediante el multilateralismo y el diálogo político.

La gobernanza de la cultura en positivo es generadora de paz y de confianza, incluso largos y eficientes procesos de transformación positiva de conflictos pueden tener en la cultura como una herramienta, y de esos procesos, especialistas y comunidades pueden generar valor económico, además del impacto simbólico.

La economía creativa debe servir como una plataforma de ampliación de derechos, de seguridad cultural en un sentido, de protección vinculados con el reconocimiento pero de empoderamientos relacionados con la propiedad.
- Formas y regímenes más justos de retribución
- Estrategias innovadoras de monetización, redistribución y registro del patrimonio cultural.

La economía creativa tiene un peso enorme en la reducción de conflictos históricos que reflejan la desigualdad social de esta región.

La aplicación de la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista y el estudio Cultura y condiciones laborales de los artistas: aplicar la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista, proponen “políticas y medidas que mejoren las condiciones de empleo, de trabajo y de vida de los artistas, especialmente para contrarrestar los efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías; reconozcan la dimensión internacional de su labor y faciliten a todos los artistas y creadores los medios posibles para la libre circulación internacional; y les permitan ejercer su profesión sin censura ni discriminación de género”. Dicho informe de avance daba cuenta de varios aspectos como:

“Concepción de nuevas leyes de derechos de autor o modificación de las existentes y medidas fiscales que procuran remunerar equitativamente a los artistas en el entorno digital.
Nuevos programas en el hemisferio Sur que otorgan, por primera vez, prestaciones sociales a los artistas, a saber, pensiones de jubilación, seguro de salud y atención médica, e incluso seguro de desempleo.
Acuerdos económicos multilaterales y regionales, así como nuevos acuerdos e iniciativas de cooperación cultural en América Latina, Asia y toda África que permiten la movilidad”

El reto en tal sentido es ampliar las condiciones de cooperación e intercambio de bienes y servicios, así como las oportunidad de repensar los regímenes de protección social de los artistas con la evidencia de datos derivado de la crisis del COVID-19.

Sostenibilidad cultural y soberanía cultural

Un tema clave de la sostenibilidad es la economía creativa. El 2021, fue declarado Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible: su celebración abre la oportunidad inédita para en el contexto de la crisis derivada de la Covid-19 desde un enfoque de sostenibilidad y contar con las herramientas de sensibilización, medición y actuación para promover su rol como palanca de aceleración de la Agenda 2030 y como ámbitos como lo que denomino “Economía bio-creativa” en referencia a una economía creativa centrada en la vida de las personas y el planeta y no sólo en las creatividad como propiedad intelectual. Es imprescindible una intersección entre cultura y naturaleza en el enfoque de la economía creativa sostenible que tome en cuenta aspectos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado internacional jurídicamente apunta a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 2005 promueve el impulso de políticas y medidas soberanas para la promover y proteger la diversidad cultural es la base de la Convención 2005. El reto es buscar economía creativas no sólo respetuosas con el medio ambiente sino regeneradoras y atentas al cambio climático. Es preciso en ello, superar la idealización de que la economía creativa es “verde”.

Un tema clave de la sostenbilidad es la economía creativa. El 2021, fue declarado Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible: su celebración abre la oportunidad inédita para en el contexto de la crisis derivada de la Covid-19 desde un enfoque de sostenibilidad y contar con las herramientas de sensibilización, medición y actuación para promover su rol como palanca de aceleración de la Agenda 2030 y como ámbitos como lo que denomino “Economía biocreativa” en referencia a una economía creativa centrada en la vida de las personas y el planeta y no sólo en las creatividad como propiedad intelectual. Es imprescindible una intersección entre cultura y naturaleza en el enfoque de la economía creativa sostenible que tome en cuenta aspectos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado internacional jurídicamente apunta a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 2005 promueve el impulso de políticas y medidas soberanas para la promover y proteger la diversidad cultural es la base de la Convención 2005. El reto es buscar economía creativas no sólo respetuosas con el medio ambiente sino regeneradoras y atentas al cambio climático. Es peciso en ello, superar la idealización de que la economía creativa es “verde”. En resumen, avanzar hacia un enfoque del “Desarrollo sostenible como política cultural” permitirá políticas culturales de economía creativa más allá de los modelos de emprendimientos y los ecosistemas de gentrificación del espacio público. En este tránsito, será crucial el empleo cultural y creativo de calidad y de trabajo decente, así como la creación de Infraestructura de calidad para el encadenamiento productivo en la economía creativa con enfoque de derechos culturales, que ayuden a poner más atención en la Inclusión social para eliminar las brechas sociales, la desigualdad histórica. Para esto será clave articulación de la la cooperación con la financiación internacional, pero hoy hay al menos, una ruta clara, y una evidencia cada vez mayor de que estos retos locales, se deben enfrentar con el esfuerzo compartido y como en el caso de las respuestas de vacunas, hoy contamos con las tecnologías, los saberes locales y los dispositivos de política pública para dar ese salto al siglo XXI.ayuden a poner más atención en la Inclusión social para eliminar las brechas sociales, la desigualdad histórica. Para esto será clave articulación de la la cooperación con la financiación internacional, pero hoy hay al menos, una ruta clara, y una evidencia cada vez mayor de que estos retos locales, se deben enfrentar con el esfuerzo compartido y como en el caso de las respuestas de vacunas, hoy contamos con las tecnologías, los saberes locales y los dispositivos de política pública para dar ese salto al siglo XXI.

El texto forma parte de la mesa DERECHOS CULTURALES, DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA realizada el jueves 22 de octubre en el marco del seminario Intersecciones Vol. 2. Repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo en tiempos de pandemia.

Arte y cultura en comunidades desconectadas

24 de septiembre de 202112 de febrero de 2021 por Comunicaciones CCESV

Cándida Chévez

**Imagen tomada del sitio DW.

«La cultura cambia la conciencia histórica de una época; puede cambiar un modelo de venganza por uno de reconciliación. Si la cultura avala la venganza, los pueblos se eternizan en los conflictos. Si la cultura avala la reconciliación, los pueblos hacen virajes en su historia».
Diana Uribe, 2014

En el año 2015 la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT)¹ comenzó a trabajar con mujeres adolescentes y jóvenes del Centro Femenino para la Inserción Social del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) a través de una propuesta de arte y cultura que buscaba contribuir a brindar una mejor calidad de vida por medio de la sensibilización y humanización que traen consigo las artes. Este esfuerzo llevó a la creación de la Orquesta de Cuerdas, una experiencia de formación musical de instrumentos de cuerdas, como el violín, la viola y el violoncello.

Lo que inició como un proyecto de atención para mujeres jóvenes privadas de libertad, tres años después se convirtió en una propuesta integral de un modelo de inserción social cuyos ejes transversales son el arte, la cultura y los derechos humanos. Mujeres en el camino era una propuesta que iniciaba durante las medidas de internamiento, pero continuaba acompañando a las jóvenes al momento de obtener su libertad, convirtiéndose así en un puente que conectaba con un nuevo proyecto de vida en condiciones más dignas.

Jóvenes, violencias y políticas públicas

El Salvador cuenta con cuatro centros de inserción social para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Solo un centro recibe mujeres. En los últimos 5 años, alrededor de 2,000 jóvenes entre los 12 y 18 años han sido condenados por delitos, en su mayoría, vinculados a pandillas. El sistema penal juvenil salvadoreño es uno de los pocos a nivel de Latinoamérica que tienen la edad de imputabilidad más baja desde los 12 años y con condenas que pueden llegar a los 15 años de privación de libertad.

Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz en la década de los noventa, el fenómeno de las pandillas comenzó a germinar en los barrios de San Salvador, logrando en pocos años una expansión en todo el nivel nacional. El origen de estas organizaciones de estructuras complejas en Centroamérica está asociado a una diversidad de condiciones de carácter históricos, políticos y sociales; son caracterizadas por actos violentos y delictivos, un alto nivel de organización que les permite ganar o mantener poder y territorio, ajuste de cuentas, resolver conflictos internos y la obtención de beneficios económicos. (Portillo, 2012).

Aquello que comenzó a finales de una guerra civil y en plena consolidación de un sistema neoliberal, tomó en los siguientes años diversas aristas. Las pandillas se consolidaron como un poder territorial que fue fortaleciéndose en cada década a partir de las decisiones políticas y la implementación de políticas de seguridad “mano dura”. Los jóvenes de barrios populares y vulnerados se constituyeron en el principal nicho para esta expansión y fortalecimiento, pese a que el fenómeno no es exclusivo a la condición juvenil, sino de carácter intergeneracional, siguen siendo las juventudes las que se colocan al centro de estos escenarios de violencias debido a una serie de condiciones socio-económicas del entorno que favorecen su participación en estas acciones, además del limitado abordaje que desde las políticas públicas se realiza en estos temas.

En El Salvador, al igual que muchos países de América Latina la posibilidad de acceso de los jóvenes al pleno goce de sus derechos está determinado por el territorio en el que nacen y las condiciones socioeconómicas de su entorno familiar. Dentro de este contexto territorial, las y los jóvenes no constituyen una categoría homogénea, no comparten los modos de inserción en la estructura social, lo que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación configuran campos de acción diferenciados y desiguales (Reguillo, 2000). Ser mujer dentro de estos contextos conlleva mayores factores de vulneración.

Hay dos tipos de juventudes, cuyas diferencias se anclan en la cercanía, o no, a las alternativas y al acceso: una juventud precarizada, la mayoría, desconectada de las instituciones y sistemas de seguridad, con sus posibilidades de elegir mermadas y otra juventud conectada, incorporada a los sistemas de seguridad y a las instituciones y que cuentan con mayores posibilidades de elegir (Reguillo, 2000).

En contextos vulnerados, el arte y la cultura no emergen como derechos sino como actos de resistencia construidos por las juventudes como una manera de expresión, denuncia, de escape, de transformación, como un proceso de subjetivación política, que les permite reinventarse y re-existir en territorios sin futuro.

Poco se ha abordado en estos años el tema de las mujeres jóvenes y las pandillas. Sin embargo, los estudios realizados muestran que las motivaciones de las mujeres para ingresar a una pandilla son diferentes a la de los hombres, así como la experiencia que viven adentro. Generalmente, las mujeres cuando ingresan, a pesar de su corta edad, su vida ya está caracterizada por numerosas privaciones, situaciones de exclusión, de abusos y violencias. Prevalecen tres factores motivacionales: las relaciones disfuncionales a nivel familia, el deseo de venganza hacia un agresor y la atracción por la identidad y dinámica de la pandilla.

El arte y la cultura como una posibilidad de conexión con el mundo

“Haciendo del arte algo que no solo hacemos en nuestros tiempos libres sino algo que nos hace libres todo el tiempo”.
(TNT, 2015)

La acción sociocultural en el medio penitenciario tiene una importancia primordial para romper la rutina y abrir otros horizontes más humanizados y humanizadores del contexto carcelario. Su finalidad última es servir para despertar inquietudes, conocerse verdaderamente y modelar la personalidad. Se trata de renovar y promocionar al sujeto como persona y ponerle en contacto con la sociedad para intensificar su reinserción. Los diversos inconvenientes de la privación de la libertad (aislamiento, problemas psicológicos, separación de su entorno…), dan mayor protagonismo a dichas acciones socioculturales como medio eficaz para educar la libertad, por lo que los procesos de inserción deben comenzar cuando las personas se encuentran aún dentro de los Centros de detención.

Las juventudes que cumplen medidas de internamiento en Centros para la Inserción Social, encuentran ahí la posibilidad de resignificar un espacio desde el arte y muchas de ellas se preguntan qué hubiese pasado si hubieran conocido un violín antes que un arma, una orquesta antes que una pandilla. ¿Por qué tuvieron que llegar a ese espacio para tener acceso a gozar de los derechos culturales que les han sido negados desde que nacieron?

Desde TNT hay un interés en el ámbito de prácticas de arte y transformación social, ya que se reconoce en ellas su potencial transformador a nivel individual, grupal y comunitario en lo referente a conformación de vínculos solidarios, posibilitador de nuevas miradas, canalizador de deseos y necesidades compartidos, promotor de participación comunitaria, transformador de representaciones e imaginarios sociales, y espacio de creación compartido que trasciende el mero discurso y obliga a poner el cuerpo en acción junto a otros. El arte es un medio muy potente para la trasformación social, porque apela al sentimiento, a las emociones, a la creatividad del sujeto, porque es, a la vez, un lugar del conocimiento, y porque permite «la democracia» que la política y la economía no logran, ya que las expresiones de la cultura son un derecho natural de toda comunidad.

El arte es memoria, reflexión y propuesta. Es lenguaje que permite nombrar lo innombrable.

El fuerte estigma que acompaña a adolescentes y jóvenes que han transitado por los caminos de la vida de las pandillas y que han estado privados de libertad los marca en muchos casos para toda la vida, limitándoles sus posibilidades de acceso a estudios, trabajo y oportunidades para escribir nuevas historias en este país. Sin embargo, desde la creación de una Orquesta de Cuerdas y del Ensamble Liberarte, observamos cómo las notas musicales creadas con las cuerdas de unos violines se convirtieron en una nueva posibilidad para reescribir la vida. Para las jóvenes la música fue una pequeña ventana de libertad en medio de su encierro y detrás de los muros, les permitió darse cuenta que pueden aprender y hacer muchas cosas más en sus vidas, fue una ventada para aprender a soñar y fortalecer su autoestima. La música les permitió que sus familias se volvieran a sentir orgullosas de ellas, que las volvieran a ver como hijas, hermanas que quieren continuar con su vida.

Desde los discursos radicales y de seguridad, la población considera que las y los jóvenes que se han visto involucrados en pandillas no tienen derecho a continuar con sus vidas y socialmente se les condena desde la exclusión y la marginación del sistema. “Cárcel o muerte” los dos caminos que se promueven desde los discursos sociales para las y los jóvenes y quizás, en algunos casos la “religión” como alternativa. No hay segundas oportunidades en una sociedad para la cual estos jóvenes solo importan para fortalecer los discursos políticos y de seguridad del país.

Sin embargo, desde las notas musicales que salían de los violines de un centro de privación de libertad para jóvenes vinculadas a pandillas, han logrado transformar la percepción que se tiene sobre ellas en espacios que se han vuelto mediadores de sus procesos de inserción social, facilitando su acceso a empleo, estudios, espacios artísticos y finalmente al activismo por la defensa de los derechos de las mujeres y jóvenes.

Desafíos para la política pública y para los defensores de derechos culturales

Desde las políticas públicas se tiene el desafío de visibilizar las brechas de desigualdad y los escenarios que se configuran a partir de ellas para jóvenes y mujeres que viven en contextos vulnerados. Acercar y generar condiciones para el goce de los derechos culturales en grupos de contextos vulnerados.

Hacer una lectura del papel del arte y la cultura en los escenarios contemporáneos. Generar reflexiones y debates. Escuchar las voces de las juventudes en estos procesos y trascender de un enfoque de riesgo y prevención de violencia a un enfoque de protagonismo como actores claves en la construcción de políticas culturales para ellas y ellos.

Participación cultural en pandemia: nuevas estrategias y viejas brechas

24 de septiembre de 202112 de febrero de 2021 por Comunicaciones CCESV

Willian Carballo

*Imagen de Jonathan Tobías, Fotógrafo de EDH.

Escribir que la pandemia por COVID-19 nos cambió la vida parece a estas alturas una obviedad, pero eso no le quita razón. Una de esas afectaciones ocurrió en el ramo de la participación cultural. En marzo de 2020, una de las primeras disposiciones del Gobierno de El Salvador para encarar la inminente emergencia de salud fue la suspensión de actividades que implicaran la concentración de multitudes, acción que afectó la realización de eventos como conciertos, foros presenciales, recitales, presentaciones de teatro y exhibiciones cinematográficas, entre otros.

Esa decisión llevó a artistas y a audiencias a un momento inédito en las últimas décadas. Por un lado, significó una reducción total de las expresiones en espacios físicos y, en consecuencia, a una merma de los ingresos económicos de las personas trabajadoras de la cultura.

Y por el otro, activó la creatividad de estas últimas para buscar nuevos mecanismos que les permitiera a ellas seguirse expresando y a los públicos seguir accediendo a las producciones.

Así, a partir de marzo, cuando inició la cuarentena obligatoria, y hasta finales de agosto, cuando hubo un regreso escalonado a las actividades regulares, los gestores de proyectos y eventos culturales optaron por nuevos mecanismos de interacción audiencias-artistas: museos abrieron recorridos virtuales, músicos brindaron conciertos vía streaming, grupos de teatro presentaron obras a través de redes sociales como Facebook, etc. De acuerdo con un estudio de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y la Maestría en Gestión Estratégica la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA),

durante la pandemia, 47 por ciento de las personas consultadas a nivel nacional en una encuesta en línea dijeron haber asistido como público a algún evento virtual de tipo cultural.

Dicha nueva configuración cultural mediada por las TIC trajo consigo nuevos temas en qué pensar. Por un lado, los eventos en línea les permitieron a algunas audiencias acceder a actividades que, de otra forma, raras veces pueden disfrutar. Sin embargo, por el otro, la brecha digital siguió siendo un impedimento para muchos salvadoreños. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, el 48.8% de la población de este país de 10 años o más utiliza internet. Es decir, casi la mitad no. Este indicador en el área urbana es del 58.4% y en el área rural, normalmente lejana a actividades culturales citadinas presenciales, baja a 35.1%.

Surgen, entonces, muchas preguntas. Por ejemplo, qué consecuencias tuvo ese traslado de actividades al entorno virtual para la ciudadanía. O cuáles son las nuevas brechas y oportunidades. Incluso, nace la necesidad de saber si la COVID-19 limitó los derechos culturales de la población en lugar de, como optimistamente podría pensarse, facilitárselos.

Justamente con esas inquietudes en mente, se desarrolló el foro Derechos culturales, Desigualdad y Participación Ciudadana. En él, el aporte de expertos como Lázaro Rodríguez, consultor internacional en cultura, economía creativa y desarrollo sostenible; Cándida Chévez, investigadora de Tiempos Nuevos Teatro (TNT); y Beatriz Barreiro, profesora titular de Derecho Internacional Público de la URJC y especialista en Derechos Humanos, resultaron sumamente valiosos.

Lázaro Rodríguez, como una persona que ha trabajado de cerca con procesos de políticas culturales en la región, incluyendo a El Salvador, aprovechó su experiencia para explicar la importancia de la cultura en el marco la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El consultor considera que la cultura puede ser un acelerador y una herramienta de implementación de dicha Agenda; y esto tiene que ver, como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con apoyar directamente a las personas trabajadoras de la cultura, garantizar la supervivencia de los distintos sectores de las industrias y fortalecer su competitividad.

Beatriz Barreiro, por su parte, se concentró en el concepto y en el marco internacional de protección de los derechos culturales y sus posibilidades de contribuir al desarrollo. En ese sentido, ella enfatizó −basándose a su vez en otros autores− que todos y todas podemos convertimos en defensores de los derechos humanos y, en consecuencia, de los derechos culturales, pues no se trata de una labor concerniente solo a organizaciones estatales o no gubernamentales. Esto, en condiciones adversas como una pandemia y sus efectos en todas las esferas, se vuelve indispensable.

Mientras que Cándida Chévez aprovechó la amplia experiencia que TNT ha cosechado a través de los años para demostrar cómo la cultura puede impactar directamente en sectores excluidos en una sociedad. TNT trabaja, entre otros proyectos, con mujeres privadas de libertad, entre ellas adolescentes y jóvenes relacionadas a pandillas, para que a través del arte puedan mejorar sus condiciones de vida a nivel personal y colectivo.

En conclusión,

se trató de un foro que, como ocurre con un buen debate, dejó certezas y aproximaciones lúcidas y necesarias; pero, sobre todo, nuevas inquietudes para seguir dialogando en un continuo proceso de aprendizaje y generación de conocimiento.

En especial, hoy que nos preguntamos si, cuando el virus se vaya −si es que se va−, las nuevas estrategias culturales continuarán y si la vieja brecha digital se reducirá.

Son defensores de derechos culturales y quizá no lo sepan

24 de septiembre de 202117 de noviembre de 2020 por Comunicaciones CCESV

Beatriz Barreiro Carril

*Imagen de ResiliArt, movimiento lanzado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para dar visibilidad a los desafíos que enfrentan creadores, artistas y profesionales creativos la crisis sanitaria.

Concienciando sobre el concepto y el marco internacional de protección de los derechos culturales y sus posibilidades de contribuir al desarrollo

“Los defensores de los derechos humanos se definen por lo que hacen.”

Con estas palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Karima Bennaoune, me gustaría concienciar a muchas personas; artistas, gestores o investigadores y académicos en El Salvador, pero también fuera de él, de que son defensores de derechos culturales. Siendo así, su quehacer estará protegido por todo un entramado de normas y mecanismos nacionales, pero también internacionales, como veremos en un momento.

Como nos muestra Bennoune,

“los defensores pueden ser de cualquier sexo o edad, estar en cualquier parte del mundo y tener cualquier formación u ocupación. Los defensores de los derechos humanos no solo se encuentran en las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales; en algunos casos, pueden ser cargos del Gobierno, funcionarios públicos o empleados del sector privado. Las propias instituciones culturales pueden ser también defensoras de los derechos culturales. Entre los defensores de los derechos culturales hay expertos, activistas y personas corrientes que actúan en defensa de esos derechos”
(Bennoune, K., 2020 a).

Huyendo de una concepción ya trasnochada de cultura, que la reducía a las llamadas “bellas artes y letras”, desde una visión elitista, a la que entiendo se refería Willian Carballo en la conversación que precede a estos textos de este volumen 2 de Intersecciones, Bennoune continúa señalando que “si bien hoy en día el respeto por los conocimientos especializados es esencial, también es importante evitar el elitismo a la hora de definir la labor cultural y reconocer las contribuciones más amplias a la defensa de los derechos culturales.” (Bennoune, K., 2020 a) Qué duda cabe, por tanto, que muchos artistas y trabajadores del sector cultural que han participado estos días en este curso, como Candy Chávez, con su mayúsculo trabajo para el empoderamiento a través de la cultura de mujeres privadas de libertad, son defensores de los derechos culturales.

Pero quizá nos estaremos preguntando, ¿cuán relevante es este calificativo en la práctica? ¿de qué nos sirve encajar nuestro quehacer dentro de la categoría de los derechos culturales? ¿en qué puede contribuir esto al desarrollo? y ¿cómo puede hacerlo, de forma más concreta, en tiempos de pandemia? Yo señalaría aquí que nos sirve por lo menos para cuatro cosas fundamentales:

Ser conscientes de nuestros derechos como ciudadanos/as, artistas o profesionales de la cultura.
Poder reivindicar tales derechos ante instancias nacionales e internacionales.
Poner en valor que, al realizar nuestros proyectos, estaríamos contribuyendo a la realización de las políticas públicas que le corresponden al Estado, y también así, a su vez, “ayudándole” al cumplimiento de sus obligaciones a nivel nacional e internacional, nivel este último en el que me detendré en un momento.
Al poder vincular los derechos culturales con el desarrollo podremos concurrir a convocatorias existentes en el marco de los derechos humanos (de los cuales los derechos culturales forman parte) más allá de las convocatorias relativas a gestión cultural, cooperación al desarrollo y otras del tipo.

Y es que, en relación con esta última cuestión –la cuestión del vínculo entre los derechos culturales y el desarrollo– la propia Bennoune señaló el pasado verano, que

“toda persona tiene derecho a participar y a ser consultada sobre las políticas para garantizar estos derechos. Todo esto sigue siendo cierto. Incluso en estos tiempos difíciles, en los que más de medio millón de personas han muerto a causa del virus, los derechos culturales no son un lujo. Son fundamentales para la aplicación general de los derechos humanos universales y una parte crucial de las respuestas a muchos de los desafíos actuales, desde la discriminación y la pobreza hasta el propio COVID-19. Además, la salvaguardia y la promoción de la cultura contribuyen directamente a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible: ciudades seguras y sostenibles, promoción de la igualdad de género y sociedades pacíficas e inclusivas.”
(Bennoune, K., 2020 b)

Bennoune alertaba:

“A corto plazo, debemos trabajar con urgencia para garantizar el apoyo financiero a los artistas, los profesionales de la cultura y las instituciones culturales”.
(Bennoune, K., 2020 b)

Pero, entremos en detalles: ¿qué son, exactamente, los derechos culturales? Lo primero, que hay que poner de manifiesto y recordar, aunque parezca claro, es que los derechos culturales son derechos humanos. Los derechos humanos, a diferencia de otros derechos subjetivos, protegen la dignidad más básica del ser humano. Ciertamente, la “dignidad humana” es un concepto difícil de definir. A veces puede resultar más útil, para realizar una aproximación intuitiva al concepto de “dignidad humana” pensar en situaciones en que consideramos que ésta pueda estar violada o amenazada. Esto vale también para los derechos culturales. Otras nociones a las que se recurre para definir los derechos humanos son las nociones de “necesidades básicas” o de “desarrollo humano”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948) contiene un catálogo de derechos humanos “completo”: incluye derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La pugna ideológica de la Guerra Fría hizo que en 1966 este catálogo tuviese que dividirse en dos pactos diferentes: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 15.1.a) de este último Pacto recoge el derecho humano cultural por excelencia, señalando que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural.” (DPVC)

Pero, ¿cómo podemos saber qué significa en concreto el DPVC? El Comité DESC de las Naciones Unidas, formado por un grupo de expertos independientes que controla si y cómo los Estados cumplen con las obligaciones del Pacto, emite “observaciones generales,” esto es, textos que contienen la interpretación autorizada de cada derecho que el Pacto contiene. En 2009, tras un largo proceso –pues el DPVC ha sido uno de los derechos que más problemas conceptuales planteaba para los Estados al ser el término de cultura tan complejo – el Comité emite la Observación General (OG) 21 sobre el DPVC. ¿Qué ejemplos menciona la OG de obligaciones estatales que derivan del DPVC? El Comité señala que el DVCP supone:

“por lo menos, la obligación de crear y promover un entorno en el que toda persona, individualmente, en asociación con otros o dentro de una comunidad o grupo, pueda participar en la cultura de su elección, lo cual incluye las siguientes obligaciones básicas de aplicación inmediata:

Tomar medidas legislativas y cualesquiera otras que fueren necesarias para garantizar la no discriminación y la igualdad entre los géneros en el disfrute del derecho de toda persona a participar en la vida cultural.

b .Respetar el derecho de toda persona a identificarse o no con una o varias comunidades y el derecho a cambiar de idea.

c. Respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que supone el respeto de los derechos humanos, lo que implica, en particular, respetar la libertad de pensamiento, creencia y religión; la libertad de opinión y expresión; la libertad de emplear la lengua de su preferencia; la libertad de asociación y reunión pacífica; y la libertad de escoger y establecer instituciones educativas.

d. Eliminar las barreras u obstáculos que inhiben o limitan el acceso de la persona a su propia cultura o a otras culturas, sin discriminación y sin consideración de fronteras de ningún tipo.

e. Permitir y promover la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos indígenas u otras comunidades en la formulación y aplicación de las leyes y las políticas que les conciernan…” (Comité DESC, 2009)

Así, por ejemplo, la igualdad de género en el ejercicio del DPVC, a la que hacía referencia Lázaro Rodríguez Oliva en este encuentro, o la toma en cuenta de la opinión de una comunidad en relación con las decisiones que sobre su hábitat cultural se van a tomar, son cuestiones que siempre se tienen que respetar, pues forman parte del contenido esencial del DPVC.

El Comité DESC ha abordado la cuestión del DPVC en relación con la pandemia, sin referirse en concreto al mismo pero enmarcándolo en el marco más amplio de los DESC. Las orientaciones que da pueden ser en todo caso muy útiles en relación con el DPVC de forma específica:

–las limitaciones a los derechos deben ser “razonables y proporcionadas”. “Las medidas de emergencia y las facultades asumidas por los Estados parte para hacer frente a la pandemia no deben usarse indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias para proteger la salud pública.” (Comité DESC, 2020)

-“los Estados deben tomar medidas de protección social que alcancen a aquéllos que están en mayor riesgo de ser afectados por la crisis”. El Comité hace un llamado a “la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales… Dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido unos efectos desproporcionadamente negativos en los grupos más marginados, los Estados han de hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir la COVID-19 de la manera más equitativa posible, con objeto de evitar que se imponga una carga económica adicional a esos grupos marginados. Se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos en la asignación de recursos.” (Comité DESC, 2020)

Ahora ya tenemos algunas claves del contenido del DPVC y de las obligaciones que conlleva, pero ¿cómo podemos hacer valer el DPVC en la esfera internacional? Señalaría dos mecanismos importantes a los efectos de este encuentro:

–Informes periódicos (cada cinco años, normalmente) al Comité DESC: En el contexto del examen de los informes que los Estados envían al Comité, éste permite también la recepción de informes paralelos o informes sombra efectuados por la sociedad civil y que ofrecen una visión crítica de la implementación –o incluso de la falta de implementación– de los derechos establecidos en el PIDESC. De esta forma, en el marco de la presentación del próximo informe de El Salvador al Comité DESC la sociedad civil interesada en los derechos culturales podría enviar información al Comité, de forma que éste tenga información relevante de cara a solicitar información al Estado y se pueda permitir una adecuada rendición de cuentas.

–Recepción de quejas o comunicaciones por parte de individuos o grupos de individuos. Se le llama mecanismo “cuasi-judicial” pues es muy parecido a lo que sucede ante un tribunal: un individuo comunica una violación que ha tenido lugar en un caso específico y concreto. Observemos que de esta forma el Comité tiene muchos más datos para examinar la conducta del Estado respecto a los DESC que en relación con el estudio de los informes periódicos, a través del cual sólo puede examinar la conducta de los Estados en términos más generales. El Salvador es de los pocos Estados que es parte del Protocolo Facultativo al PIDESC, por lo tanto, el Comité puede conocer de este tipo de comunicaciones individuales, tras agotar los individuos los recursos internos salvadoreños. Al hilo de la conversación con los participantes en el curso del que surge este escrito he planteado que una eventual violación que podría tener recorrido exitoso ante el Comité podría ser aquella en que se pudiese probar la falta de toma en consideración de las opiniones manifestadas por una comunidad cultural que pueda verse separada del entorno cultural esencial para el desarrollo de su vida cultural, habiendo sido la petición del tal participación solicitada al Estado por la comunidad en cuestión.

Me gustaría hacer una reflexión para finalizar en relación con la relación de los derechos culturales con la Agenda 2030. Nos puede ser útil la referencia y aclaración que la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacía en su día respecto a ciertos “mitos y malentendidos” en relación con los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio y en concreto en referencia a la idea de si “alcanzar los ODM es lo mismo que realizar los DESC.” A esta cuestión el Alto Comisionado aclaraba que:

“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las normas de derechos humanos se complementan entre sí en gran medida, pero los derechos humanos van más allá. La naturaleza del compromiso asumido por los Estados es diferente. Los derechos humanos, incluidos los DESC, son compromisos jurídicamente vinculantes, mientras que los ODM son compromisos políticos.”

Lo mismo, diría yo, le sucede a la Agenda 2030, un instrumento muy importante, pero que debe ser complementado con los avances que se están dando en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, de valor jurídico muy relevante, como comentaba hace unos días el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente en el marco de la presentación del informe de la Relatora de Derechos Culturales sobre “cambio climático y derechos culturales”. Confío en que los actores culturales salvadoreños se apropien de los documentos y mecanismos del derecho internacional de los derechos humanos en favor de su ejercicio del DPVC.

En el caso de beatriz el texto forma parte de la mesa DERECHOS CULTURALES, DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA realizada el Jueves 22 de octubre en el marco del seminario Intersecciones Vol. 2. Repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo en tiempos de pandemia