*Imagen de Jonathan Tobías, Fotógrafo de EDH.
Escribir que la pandemia por COVID-19 nos cambió la vida parece a estas alturas una obviedad, pero eso no le quita razón. Una de esas afectaciones ocurrió en el ramo de la participación cultural. En marzo de 2020, una de las primeras disposiciones del Gobierno de El Salvador para encarar la inminente emergencia de salud fue la suspensión de actividades que implicaran la concentración de multitudes, acción que afectó la realización de eventos como conciertos, foros presenciales, recitales, presentaciones de teatro y exhibiciones cinematográficas, entre otros.
Esa decisión llevó a artistas y a audiencias a un momento inédito en las últimas décadas. Por un lado, significó una reducción total de las expresiones en espacios físicos y, en consecuencia, a una merma de los ingresos económicos de las personas trabajadoras de la cultura.
Y por el otro, activó la creatividad de estas últimas para buscar nuevos mecanismos que les permitiera a ellas seguirse expresando y a los públicos seguir accediendo a las producciones.
Así, a partir de marzo, cuando inició la cuarentena obligatoria, y hasta finales de agosto, cuando hubo un regreso escalonado a las actividades regulares, los gestores de proyectos y eventos culturales optaron por nuevos mecanismos de interacción audiencias-artistas: museos abrieron recorridos virtuales, músicos brindaron conciertos vía streaming, grupos de teatro presentaron obras a través de redes sociales como Facebook, etc. De acuerdo con un estudio de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y la Maestría en Gestión Estratégica la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA),
durante la pandemia, 47 por ciento de las personas consultadas a nivel nacional en una encuesta en línea dijeron haber asistido como público a algún evento virtual de tipo cultural.
Dicha nueva configuración cultural mediada por las TIC trajo consigo nuevos temas en qué pensar. Por un lado, los eventos en línea les permitieron a algunas audiencias acceder a actividades que, de otra forma, raras veces pueden disfrutar. Sin embargo, por el otro, la brecha digital siguió siendo un impedimento para muchos salvadoreños. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, el 48.8% de la población de este país de 10 años o más utiliza internet. Es decir, casi la mitad no. Este indicador en el área urbana es del 58.4% y en el área rural, normalmente lejana a actividades culturales citadinas presenciales, baja a 35.1%.
Surgen, entonces, muchas preguntas. Por ejemplo, qué consecuencias tuvo ese traslado de actividades al entorno virtual para la ciudadanía. O cuáles son las nuevas brechas y oportunidades. Incluso, nace la necesidad de saber si la COVID-19 limitó los derechos culturales de la población en lugar de, como optimistamente podría pensarse, facilitárselos.
Justamente con esas inquietudes en mente, se desarrolló el foro Derechos culturales, Desigualdad y Participación Ciudadana. En él, el aporte de expertos como Lázaro Rodríguez, consultor internacional en cultura, economía creativa y desarrollo sostenible; Cándida Chévez, investigadora de Tiempos Nuevos Teatro (TNT); y Beatriz Barreiro, profesora titular de Derecho Internacional Público de la URJC y especialista en Derechos Humanos, resultaron sumamente valiosos.
Lázaro Rodríguez, como una persona que ha trabajado de cerca con procesos de políticas culturales en la región, incluyendo a El Salvador, aprovechó su experiencia para explicar la importancia de la cultura en el marco la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El consultor considera que la cultura puede ser un acelerador y una herramienta de implementación de dicha Agenda; y esto tiene que ver, como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con apoyar directamente a las personas trabajadoras de la cultura, garantizar la supervivencia de los distintos sectores de las industrias y fortalecer su competitividad.
Beatriz Barreiro, por su parte, se concentró en el concepto y en el marco internacional de protección de los derechos culturales y sus posibilidades de contribuir al desarrollo. En ese sentido, ella enfatizó −basándose a su vez en otros autores− que todos y todas podemos convertimos en defensores de los derechos humanos y, en consecuencia, de los derechos culturales, pues no se trata de una labor concerniente solo a organizaciones estatales o no gubernamentales. Esto, en condiciones adversas como una pandemia y sus efectos en todas las esferas, se vuelve indispensable.
Mientras que Cándida Chévez aprovechó la amplia experiencia que TNT ha cosechado a través de los años para demostrar cómo la cultura puede impactar directamente en sectores excluidos en una sociedad. TNT trabaja, entre otros proyectos, con mujeres privadas de libertad, entre ellas adolescentes y jóvenes relacionadas a pandillas, para que a través del arte puedan mejorar sus condiciones de vida a nivel personal y colectivo.
En conclusión,
se trató de un foro que, como ocurre con un buen debate, dejó certezas y aproximaciones lúcidas y necesarias; pero, sobre todo, nuevas inquietudes para seguir dialogando en un continuo proceso de aprendizaje y generación de conocimiento.
En especial, hoy que nos preguntamos si, cuando el virus se vaya −si es que se va−, las nuevas estrategias culturales continuarán y si la vieja brecha digital se reducirá.
El texto forma parte de la mesa DERECHOS CULTURALES, DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA realizada el jueves 22 de octubre en el marco del seminario Intersecciones Vol. 2. Repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo en tiempos de pandemia.
